Ignacio Camacho, periodista cuyas columnas diarias en ABC me resultan cada vez más sabrosas, compara en "justicia gaseosa" la celeridad de los tribunales americanos en el caso Madoff con nuestro renqueante, pleistocénico y ultragarantista sistema judicial:

(...) En los primeros seis meses de un proceso de esa envergadura, la justicia española apenas tendría tiempo para las diligencias previas y los recursos preliminares, y pasarían años antes de que las víctimas supiesen apenas el paradero de sus evaporados caudales.

No es especulación; los clientes de Fórum y Afinsa aún no saben cuánto dinero han extraviado, ni siquiera si han sido o no objetos de estafa. Diluido el efecto mediático del escándalo y disipada la posibilidad de encontrar en él piezas de caza mayor política, el caso parece haber perdido prioridad para descaminarse entre los recovecos polvorientos del kafkiano castillo judicial español, donde yacen amontonados sumarios de corrupción, pleitos indemnizatorios, contenciosos de larga duración y hasta escalofriantes procesos penales. Algunos de esos aletargados expedientes fueron en su día instruidos bajo el irónico epígrafe del procedimiento abreviado.(...)

No me suele gustar la pataleta dominical de Javier Marías en El País Semanal, pero esta vez tiene toda la razón al liarse a tiros con el delirante calendario de días festivos de nuestra legislación laboral:

 

"No hay manera de tomarse en serio esta crisis cuando yo me siento a escribir esta pieza el jueves 11 de junio y resulta que en mi Comunidad vuelve a ser fiesta, lo cual invitará a muchos ciudadanos a tomarse libre mañana, viernes –es decir, a hacer puente–, y a no reincorporarse a sus tareas hasta el lunes 15. Esto no es algo excepcional, sino la norma. En Madrid, en menos de tres meses, fue festivo el 19 de marzo, jueves, con el consiguiente puente hasta el lunes 23; a continuación, el viernes 3 de abril se inició la “operación salida” de Semana Santa, la cual terminó aquí el lunes 13, pero en muchas zonas del país el martes 14; el viernes y sábado 1 y 2 de mayo volvieron a ser fiesta, y de nuevo lo fue el viernes 15 de mayo, San Isidro; y, como si todo esto no bastara, hoy otra vez, Corpus Christi (?). Esto significa que entre el 15 de marzo y el 15 de junio, han sido más o menos inhábiles 39 fechas, contando sábados, domingos y la Semana Santa entera (pero no el Lunes de Pascua). O, lo que es lo mismo, el 43% de los días, cerca de la mitad de los transcurridos.

(...) ¿Es esto serio? ¿Es aconsejable? ¿Es propio de una sociedad inmersa, según se nos repite a diario con cabellos mesados y vestiduras rasgadas, en la más grave emergencia económica desde la Segunda Guerra Mundial? ¿Tiene algún sentido que la producción y la actividad se interrumpan a lo bestia, cada dos por tres? (Y ya verán cómo en verano ninguna población suspende sus jornadas de holganza y ruido llamadas “fiestas patronales”.) Entre las medidas contra la famosa crisis, ¿cómo es que ni a un solo político se le ha ocurrido revisar el disparatado calendario y alterarlo temporalmente?"

Las fiestas laborales - retribuidas y obligatorias - no pueden superar las catorce al año, y vienen reguladas por el art. 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, y por un alambicado Real Decreto de 1983. El calendario de festivos es cosa de tres administraciones distintas, e incluye un expediente tan carpetovetónico como el traslado a los lunes. ¿A quién no le ha tocado alguna vez la imposible tarea de explicar a algún cliente o proveedor extranjero que tal lunes no se trabaja por, ejem, traslado de festivo?

La jurisprudencia dice que la finalidad de los festivos laborales es permitir que los ciudadanos celebren juntos determinadas solemnidades laicas o religiosas. Muy loable, sí señor. Pero, con la crisis en pleno esplendor, el paro por la estratosfera y la productividad hecha unos zorros, ¿no debería revisarse este sistema de festivos, propio de aquel país de ricos ociosos de Charlot en Carlitos de vacaciones, aunque sea temporalmente?

La publicidad de este intrépido vaquero rezuma el más puro espíritu de Texas: "Demandamos a la gente que fastidia a la gente". ¡Yipeee....!

[¡Gracias por la pista, Hugo!]

Si ya se fusionaron los notarios y los corredores de comercio, y algún día lo harán los abogados y procuradores - al menos eso nos gustaría -, ¿por qué no suprimir los Secretarios judiciales, cuyas funciones cada vez tienen menos sentido, y reconvertirlos en jueces, que sí hacen falta, y mucha?

Esto es lo que con abundancia de argumentos propone el catedrático Vicente Gimeno Sendra:

"La revolución tecnológica habida en la captación de la imagen y sonido y la importación, en el ámbito de la justicia, de los nuevos medios de comunicación social, tales como la firma electrónica, unido a la instauración de la oralidad en el proceso civil han ocasionado el decaimiento de importantes funciones del Secretario judicial, tales como sus potestades de instrumentación, fe pública judicial, ordenatoria y de impulso judicial que han de ocasionar, más tarde o más pronto, una reconversión del Cuerpo de Secretarios.

Y es que, si en nuestro país es una realidad incontrovertible la insuficiencia de Jueces, si la instauración de la nueva oficina judicial ya no justifica la existencia de un Secretario por cada Juzgado o unidad de apoyo, ¿por qué, a través de un concurso restringido, no se permite a los Secretarios, que así lo deseen, convertirse en Jueces o Magistrados?

Esta solución me parece más racional y económica que ampliarles, en nuestra actual justicia oral, sus «competencias», lo cual puede, en la práctica, traducirse en una fuente de conflictos entre Jueces y Secretarios y en un incremento de dilaciones indebidas que, en último término, han de sufrir los justiciables."

Acabamos de preparar un nuevo screencast o videotutorial, de 2:31 minutos:

Esta foto de Álvaro Ballesteros ilustra una noticia en La Voz de Galicia: Los ganaderos vierten cientos de litros de leche en el segundo día de protestas.

Y esta otra recibió el premio Pulitzer en 1994. La tomó Kevin Carter en Sudán, tres meses antes de suicidarse víctima de una depresión:

Este informe de la Comisión Nacional de Competencia (pdf), de lectura más que recomendable, propone eliminar la obligatoriedad de la representación procesal a través del procurador. La CNC afirma alto y claro lo que muchos pensaban pero nadie había expresado, al menos oficialmente, de manera tan contundente. Para empezar, reconoce que la figura del Procurador es difícil de encontrar en países de nuestro entorno. A continuación, propone eliminar la exclusiva de los Procuradores en el ejercicio de la actividad de representación procesal, en particular, permitiendo que los abogados nos encarguemos ahora también de las actividades ahora reservadas a los procuradores.

El proyecto de Ley Ómnibus (un nombre de lo más acertado, aunque teniendo en cuenta que pone patas arriba el ordenamiento jurídico español de una tacada, bien podría haberse llamado Ley Trolebús, Ley Elefante o Ley Apisonadora) modifica la Ley de Colegios Profesionales de modo que los abogados puedan ejercer como procuradores sin trabas, y viceversa, todo ello en beneficio del consumidor y del litigante.

Pero cuando estábamos ya descorchando el cava, nos enteramos de que el Consejo General de Procuradores ha mandado un ejército de cabilderos a convencer a los parlamentarios acerca de lo imprescindible que es su oficio, y que sus señorías, vencidas por la canícula madrileña que ya aplasta sus ilustres coronillas, han caído ante las presiones gremiales sin mucha resistencia. A través de una enmienda a otro proyecto de ley (el de la nueva oficina judicial), los diputados han optado por mantener la incompatibilidad abogado-procurador, en emotivo homenaje al Gatopardo: cambiar algo para que todo siga igual. Y al informe de la CNC le han hecho el mismo caso que a mí mi hija cuando le pido que se termine la sopa.

El citado informe, obrante ya en la papelera de la Carrera de San Jerónimo, señalaba que la obligatoriedad impuesta al ciudadano de acudir a los tribunales representado por un procurador “genera un mercado con barreras de entrada y de ejercicio”, y que “no hay motivos suficientes que justifiquen dicha reserva frente a otros profesionales que podrían desempeñar la misma actividad”.

Qué poco duran las alegrías en España a los enemigos del corporativismo. Nadie estaba pidiendo abolir de la noche a la mañana el oficio de procurador, figura proveniente de la noche de los tiempos, sino que deje de ser un monopolio de un gremio cuya propia existencia resulta inútil con el avance de la tecnología y las comunicaciones. Que los representantes de un oficio privilegiado por la ley dejen de ampararse en ésta para justificar una labor que la tecnología hace innecesaria.

Seamos sinceros: la función real del procurador hoy día es la de hacer de correo entre el abogado y el tribunal. No entre éste y el litigante, ya que a menudo el cliente ni siquiera conoce a su procurador más que por el nombre. El estatuto del procurador le atribuye, como misión principal, la representación técnica de las partes. En catorce años de oficio no he conseguido hacer comprender a ninguno de mis clientes, especialmente los extranjeros, que además de su abogado, que les defiende, necesitan otro profesional que les represente. Y a quien tienen que pagar, claro está, y con sujeción a un arancel de aire medieval en una economía libre de mercado.

El procurador no es preceptivo en numerosos procedimientos (juicios de faltas, algunos civiles, penales hasta una fase determinada, etc.) y la cosa funciona igual de bien, o de mal. En el ámbito laboral tampoco son obligatorios, y es precisamente la jurisdicción menos esclerótica de todas.

En la era de la comunicación electrónica, de la nueva oficina judicial y de la liberalización de los servicios postales, que son prestados eficientemente por multitud de operadores, empresas de mensajería, etc. tampoco se entiende ya que la función de representación pasiva (es decir, recibir las comunicaciones del juzgado que se refieran a su representado) deba atribuirse al Procurador en exclusiva.

Dejamos para otro día otras intrigantes preguntas:

¿Qué sentido tiene obligar al ciudadano a que vaya acompañado a los juicios civiles de un caballero, impecablemente togado, a quien no se permite decir ni mu y cuya única función es “representar”, es decir, calentar una silla mientras en la contigua el abogado ejerce la defensa?

¿Por qué en un territorio comunitario, en el que supuestamente existe libre movimiento de profesionales, hay que tener un procurador en cada partido judicial?

Si ya se fusionaron los notarios y los corredores de comercio, parientes lejanos del mismo árbol genealógico, ¿por qué no pueden hacerlo los abogados y los procuradores, que son primos-hermanos?

Por último, permítaseme la pataleta personal: ¿por qué, salvo honrosas excepciones, les gusta tanto a los procuradores el fax, esa maquinita prejurásica del demonio? ¿Por qué no usan el escáner y el correo electrónico como todo el mundo en este siglo?

[El Capitán Obvio aclara: el autor de estos párrafos no tiene nada personal contra los procuradores. Es más, tiene buenísimos amigos en ese noble oficio, todos ellos bellísimas personas, cuyas manos besa y a quienes Dios guarde muchos años.]

Noticia de alcance. Acaba de reunirse la primera Conferencia de presidentes de Consejos Autonómicos de la Abogacía Española. Para los no iniciados, los consejos autonómicos (en adelante, los CAs) tienen como función coordinar a los colegios de abogados que los integran en sus relaciones con cada comunidad autónoma.

Tras arduas deliberaciones y denodados trabajos, nuestros presidentes han sacado unas conclusiones, que resumo:

1. Solicitar a los colegios de abogados de las comunidades autónomas en las que aún no existen CAs que se esfuercen en constituirlos.
2. Instar a los colegios de abogados únicos de su comunidad autónoma para que asuman las funciones que legalmente corresponderían a los CAs.
3. Reiterar los tópicos habituales sobre el turno de oficio, la calidad, la deontología profesional, y la paz en el mundo.
4. Proponer nuevas reuniones como ésta para seguir debatiendo.

Parece ser que no tenemos suficiente con los sesenta y tantos colegios de abogados (¿de verdad son imprescindibles los de Alzira, Tafalla, Vic o Estella?), representados por el Consejo General de la Abogacía Española, y en cada comunidad autónoma por el CA correspondiente, sino que hace falta una conferencia de presidentes de CAs para que coordine las actuaciones de los CAs que a su vez coordinen a los colegios que a su vez coordinen a los colegiados.

Tenemos una profesión asaz hiperactiva, que en tiempos de crisis no para de crear estructuras, superestructuras y supersuperestructuras, empeñadas en invertir la regla de la biología del lamarquismo según la cual la función crea el órgano. En nuestro burocratizante mundo, es el órgano el que crea la función, que no es otra que justificar su propia existencia, y ese mismo órgano se reúne para decidir… reunirse de nuevo. Una perfecta esfera de Parménides, en la que el ser se encuentra igualmente distribuido y se alimenta de sí mismo. Y todo ello con cargo a las cuotas que religiosa y mensualmente pagas tú, apreciado abogado lector. ¡Será por dinero!

El primer 90% de un juicio requiere el 90% del tiempo asignado. El restante 10% se lleva otro 90% del tiempo asignado.

Pick The Perp es un juego por Internet de lo más gamberro, que te permite poner a prueba tus prejuicios subconscientes y dar salida al fisonomista que lleva uno dentro.

Se trata de elegir uno de los detenidos de entre cinco presuntos que aparecen en una rueda de reconocimiento virtual. Las fotos son reales, tomadas en comisarías estadounidenses y filtradas posteriormente (y espero que ilegalmente) al público.

Acierta quien sea capaz de ponerle cara al delito en cuestión. La cosa recuerda a algún concurso de la tele, pero con bastante mala uva y con una interpretación, digamos, laxa del derecho a la protección de la propia imagen. Si miramos el código html de la página comprobaremos que la etiqueta “alt” de las fotos muestra incluso el nombre y apellido de cada detenido. ¡Viva la protección de datos!

Pick the Perp, o en traducción libre “Elige al sospechoso”, haría las delicias de Cesare Lombroso, fundador de la superada Nuova Scuola de la antropología criminal, que atribuía el delito a tendencias atávicas e innatas que se reflejaban en determinados rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes habituales (la asimetría del cráneo, determinadas formas de la mandíbula, etc.).

El criminólogo elevaba a categoría científica la frase aquella de “este tiene cara de delincuente” que todos, no nos engañemos, hemos pensado alguna vez. Tras un ratillo de juego, he conseguido una puntuación notable (19 de 50). Cielos, ¿tenía razón el cruel Lombroso?

[Vía Boing Boing]

Duda jurídica, en tres segundos: ¿Es esto una violación estatutaria o se trata por el contrario de un error monumental?

[Encontrado, entre otros chistes asaz procaces, en mi bandeja de correo entrante].

Ya tenemos candidato para el premio al mayor querulante del mundo, si es que alguna vez se llega a organizar un galardón de esta naturaleza. Y aunque podría llevárselo algún cliente de nuestro despacho -perfiles ganadores no nos faltan-, el secreto profesional nos obliga a buscar fuera de nuestras fronteras.

Nuestro hombre se llama Jonathan Lee Riches, y lleva presentadas más de mil demandas ante tribunales federales estadounidenses, en las que denuncia toda suerte de supuestos agravios, entuertos y fechorías.

Hasta ahora ha demandado, según consta en su página en la Wikipedia, a entrenadores y jugadores de fútbol americano, al expresidente Bush, a presentadores de televisión, a Steve Jobs, Paris Hilton (esta sí se lo merece, sea por el motivo que sea), a los piratas somalíes, a la cantante (?) Britney Spears y a varios jefes de Estado, entre otros muchos.

Su penúltima querella es sin duda la mejor, por el delicioso factor autorreferente que la acompaña. Acaba de presentar una demanda de medidas cautelares contra los editores del Libro Guinness de los Récords exigiendo que un tribunal federal les impida… nombrar al demandante Riches como la persona que ha interpuesto más demandas de la historia de la humanidad. ¡Bravo!

Algún pícaro minino se ha colado en la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, cuya sentencia del 29/04/2009 nos envía Sevach (¡gracias!).

Este letrero recibe a los miles de visitantes que entran cada día en los ascensores de la sede general de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, al objeto de informar al justiciable sobre la planta en que se encuentra el juez que ha de disponer de su destino.

El cartel no tiene nada de particular, salvo que los Juzgados de lo Penal indicados fueron trasladados a otro edificio en la otra punta de la ciudad ¡hace ya más de seis años!. Desde entonces la sede se ha reorganizado varias veces, se han incorporado los nuevos juzgados de Violencia contra la Mujer (sí, se llaman así), han cambiado las salas de abogados, etc. En definitiva, cualquier parecido con lo indicado en el rótulo y la realidad es pura coincidencia.

A pocos metros cuelga otro cartel que sí indica la información correcta. Ambos coexisten pacíficamente y sirven con eficacia a su destino compartido: despistar lisérgicamente al personal, ofuscar a los pobres testigos que vienen por primera vez a un juicio, marear al ciudadano para que cuando llegue, si llega, a la sala de vistas, esté tan sofocado y aturdido que no pueda decir ni mu y el fiscal y/o el juez se lo merienden con patatas fritas.

Pero bueno, pelillos a la mar, la tardanza en renovar la señalización  no es para escandalizarse teniendo en cuenta que los procesos penales se rigen por una ley publicada en octubre de 1882 y más parcheada que el ojo de un pirata. Se anuncia una pronta reforma de la norma, o sea que extrapolando el dato podemos calcular que nuestro letrero será renovado en el año 2136. ¡Paciencia!