La fregoneta del Ríchard, anunciando un despacho de abogados norteamericano. Nótese la finura del grabado y la elegancia del conjunto publicitario. 

«No olvidemos nunca que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal.»

Imagínate, apreciado lector, que un día vas andando por la calle y te detiene la policía y acabas con tus huesos en el calabozo acusado de terribles delitos. Es posible que realmente los hayas cometido, o no, pero al menos estás tranquilo sabiendo que la detención ha sido ordenada por un juez de instrucción, y que éste observará debidamente las garantías procesales y tendrá en cuenta, en particular, tu derecho constitucional a la presunción de inocencia.

Pero mientras esperas a ser trasladado a presencia del magistrado, alcanzas a ver un televisor encendido en la comisaría, y escuchas a ese mismo juez afirmando literalmente lo siguiente:

[La policía] […] ha conseguido detener a esta persona y algunos miembros más de ETA. Esto es una buena noticia para todos los españoles.

O sea, que el mismo juez que va a instruir tu causa ya está dando por seguro, antes de tomarte declaración siquiera, que eres un peligrosísimo terrorista, y se pavonea en la tele del éxito de tu arresto, como un futbolista después de un partido en el que ha metido cuatro goles. Para colmo, lo hace en el curso de un homenaje que unos paisanos están tributando a su persona (la cual, dicho sea de paso, no anda precisamente necesitada de autoestima).

Adivina, adivinanza.¿Quién es ese juez campeador a quien le gusta más ver su propia imagen reflejada en el estanque de los medios que preservar los derechos constitucionales de los imputados bajo su jurisdicción? ¡Premio para el caballero!

Hay abogados que lo llevan hasta en el nombre. Antonio Arias (¡gracias!) se topó con este bufete en la Universidad de Cuenca de Ecuador.

Bonus:  Dejando aparte lo curioso del nombre y el hecho de que un letrado se instale dentro de un campus universitario, la foto nos sirve de irrefutable demostración empírica de cierto aserto sobre las consultas legales gratuitas.

«Este año, ni Hacienda es capaz de calcular los impuestos que nos pone. Así que mi declaración la va a hacer su PADRE»

- Twitter de Estratega

...de exquisiteces. Mi amigo Paco Luque (¡gracias!) encontró esta perla mientras husmeaba en el número del 1/04/09 del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Quizá la idea es que el consumidor de bombones Paca Garssen exclame al probar su delicioso sabor precisamente eso. (Yumm, estos dulces están pa...)

El alboroto que se ha organizado en Internet a cuento de la condena al propietario de Infopsp por un delito contra la propiedad intelectual (organizar un foro en el que los usuarios colgaban enlaces a obras protegidas por derechos de autor, facilitando así su descarga no autorizada, y lucrarse por el camino mediante ingresos publicitarios) es un curioso ejemplo de vigencia de la ley del embudo: lo ancho para otros, lo estrecho para uno.

Dicho de otra manera: cuando las sentencias judiciales son favorables a mis tesis (intercambiar obras protegidas no es delito), se ha hecho justicia. Cuando no lo son, es que el juez y/o el abogado defensor son incompetentes o algo peor. Y los periodistas que informan del caso son unos merluzos o están vendidos al lado oscuro. Así lo afirman, con éstos o similares calificativos, David Bravo y Enrique Dans, entre otros.

En este asunto, la condena fue producto de una conformidad, un mecanismo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que vemos todos los días en los juzgados de lo penal. La ventaja es clara para las partes y para la economía procesal. El procedimiento finaliza anticipadamente mediante un acuerdo entre los acusadores (el Fiscal y la acusación particular, en su caso) y el acusado. Para evitar un empleo abusivo, y que haya inocentes que se declaren culpables sin serlo, se establecen varios controles:

- El acusado cuenta obligatoriamente con la defensa y asesoramiento de un abogado. Si no está de acuerdo con su consejo, puede renunciar a sus servicios y contratar otro, o pedir un letrado de oficio en cualquier momento.

 - El propio juez fiscaliza la conformidad, estudiando si la nueva calificación aceptada por las partes es correcta y que la pena es procedente según dicha calificación. Además, el juez debe oír en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias. Por último, si el juez alberga dudas sobre si el acusado ha prestado libremente su conformidad, debe denegarla y ordenar que continúe el juicio.

- Cuando un acusado caiga presa del pánico y acepte un arreglo manifiestamente improcedente, el abogado puede (y debe) parar los pies a su propio cliente, y oponerse fundadamente a la conformidad, en cuyo caso el juez rechaza ésta y manda que siga el juicio adelante. Todo esto lo explica muy bien Sergio Carrasco.

En definitiva, tras una investigación policial y una instrucción judicial, un ciudadano mayor de edad y en pleno uso de sus facultades, debidamente asesorado por su letrado, reconoce libre y conscientemente los hechos recogidos en el escrito de acusación  y acepta haber cometido un delito y la pena correspondiente, con todas las garantías procesales.

Nada anormal en ello, a excepción de los comentarios de quienes pretender ahora capitidisminuir a nuestro hombre y considerarle algo así como un pelele en manos de malignas fuerzas. Una sentencia penal dictada de conformidad no es una resolución de segunda división, ni es menos exigible ni fundada en derecho. Salvo para los cocineros que pasan todo por el embudo, claro.

El vodevil burocrático que permitió que un peligrosísimo delincuente saliese por su propio pie a la calle es consecuencia de un cúmulo de hazañas dignas de las mejores aventuras de la TIA y sus investigadores Mortadelo y Filemón.

Astrit Buschi estaba en prisión provisional como supuesto jefe de la banda acusada de asaltar la vivienda de un popular empresario teatral y propinarle una tunda atroz. La semana pasada el tipo compareció en un juzgado, conducido por la policía, para ser interrogado acerca de otro robo de menor gravedad. Tras la declaración, el juez ordena la puesta en libertad del mafioso, no por la agresión al empresario, sino por el asuntillo menor. Y los policías – aunque cueste creerlo - le quitaron las esposas y le dejaron ir sin más, libre cual candorosa avecilla. Todavía se oye el eco de las carcajadas de Buschi según ponía los pies en polvorosa rumbo a su ahora desconocido y confortable paradero.

Tras el escándalo, el juzgado pasa la pelota a los agentes de policía, éstos a la Guardia Civil, que originalmente estaba a cargo de la custodia del preso y todos a su vez culpan al juez por no haber sido un poquito más claro en su orden de libertad. Un espectáculo ciertamente edificante para el contribuyente, aleccionador para el ciudadano y escalofriante para la víctima del crimen.

De esta opereta del género bufo-judicial cabe extraer diversas reflexiones, que compartiremos aquí para entretenimiento de los cuatro pacientes lectores que todavía me aguantan:

• En la era de Internet, el cloud computing y demás moderneces, las Fuerzas de Seguridad del Estado se comunican entre sí por fax. Sí, amigos, esa maquinita del demonio que chirría como una bandada de grullas borrachas, es lenta, insegura, gasta tinta tontamente, ocupa espacio, ocupa inútilmente las líneas telefónicas y despilfarra el valioso tiempo de los agentes, alejados durante horas de la represión del delito para dedicarse a rellenar y desatascar folios atrapados en el cacharro de marras.
• En un mundo en el que los ordenadores vienen de serie con magníficos procesadores de texto con todo tipo de chuminaditas que permiten que el redactor subraye palabras importantes o enfatice pasajes esenciales, aplique negritas, cursivas y otros recursos infográficos que añadan claridad al texto, ¿tanto le costaría al juez subrayar cuatro palabras tan relevantes como “Fulano queda en libertad, pero solo por esta causa”?
• Los formularios procesales están bien. Ahorran tiempo y tal. El abogado o funcionario que no haya usado nunca ninguno, miente. Pero tampoco está de mal de vez en cuando aprender a redactar adaptándose al caso en estrados, y dejar a un lado las fórmulas estandarizadas. En el caso del mafioso, lo más probable es que el juez haya ordenado que se imprima un unoyquince, es decir una orden de libertad con la salvedad de que el imputado deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado. El oficial saca el unoyquince, se lo entrega rutinariamente al imputado y a los policías, que se lo leen rutinariamente, lo aplican rutinariamente y a la postre el malhechor se escabulle, de forma nada rutinaria y sí muy cómica.
• A los responsables policiales y judiciales que en lugar de solucionar el desaguisado se lanzan a echarse las culpas unos a otros como colegiales traviesos, convendría castigarles a escuchar por megafonía y a todo volumen durante días la canción aquella de los Milli Vanilli, cuyo estribillo animaba a culpar de todo a la lluvia. Un consejo tan tramposo como sus propios autores, que no cantaban ni en la ducha, sino que, al igual que los protagonistas de este suceso, se dedicaban a dar el cante.

Lo único claro es que al capo Astrit Buschi ya no hay quien le eche un galgo. Para conseguir que el pájaro vuelva a la jaula, al ministro de Justicia solo le queda llorar como la dulce Lucinda en los eternos versos de Lope de Vega:

Daba sustento a un pajarillo un día
Lucinda, y por los hierros del portillo
fuésele de la jaula el pajarillo
al libre viento en que vivir solía.

Con un suspiro a la ocasión tardía
tendió la mano, y no pudiendo asillo,
dijo (y de las mejillas amarillo
volvió el clavel que entre su nieve ardía):

¿Adónde vas por despreciar el nido,
al peligro de ligas y de balas,
y el dueño huyes que tu pico adora?».

Oyóla el pajarillo enternecido,
y a la antigua prisión volvió las alas,
que tanto puede una mujer que llora.

Hace poco leíamos un reportaje sobre las deficiencias organizativas de la Justicia española, en particular la escasa, por no decir ausente, informatización:

Nuestro sistema judicial demanda papel. Mucho papel. Lo exige incluso la ley, pues muchos de los documentos deben ser los originales y no estar manipulados. En la Audiencia Nacional, como explica Grande-Marlaska, hay causas que superan los 20 o 30 tomos que podrían entregar en un CD a las partes si dispusiera de los medios para digitalizarlos. "Estamos inundados de papeles. Manejamos expedientes de mil páginas", corrobora la abogada de Barcelona Carmen Fernández. Papel en los pasillos, en las mesas de los funcionarios, en las maletas con ruedas de los jueces, y hasta en los carros de la compra que circulan por nuestro sistema judicial. "La manera de gestionar papel aquí es del siglo XIX", asegura Fernández Seijo, y ello a pesar de que él es en cierta forma afortunado.

Un panorama agobiante. Pero, ¡alto! En ese mismo diario matutino encontramos al día siguiente otra noticia que, como diría S.M. el Rey, me llena de orgullo y satisfacción, y de la que entresacaremos algunos extractos:

400.000 expedientes [...] se restaurarán y digitalizarán. El Ministerio [...] ha trasladado estos documentos [...] para poner en marcha un proyecto piloto de restauración y digitalización de archivos. [...] Para garantizar la conservación de los documentos y su acceso público es necesaria su digitalización, última fase del proyecto [...]. Sólo el plan piloto de los juzgados de Madrid y Valencia costará millón y medio de euros. Para acelerar el proceso, se han firmado acuerdos con varias comunidades autónomas.

De tanta alegría, de tan asombrado regocijo que me ha causado este segundo artículo me he caído de la silla y se me ha salido el hombro de su sitio. Las autoridades del ramo por fin han decidido digitalizar los procesos y acabar con el decimonónico papeleo que atasca los juzgados. He vuelto a sentarme, y mientras me recoloco aturdido el hombro, releo con interés la noticia, y ....¡Oh desengaño cruel! ¡Oh terrible confusión! La informatización se refiere a los juicios sumarísimos celebrados en los consejos de guerra franquistas de 1938 a 1945.

Los responsables ministeriales calculan que tardarán décadas en terminar el proyecto. Empezando en el año 1938, si todo va bien, cabe esperar que la digitalización llegue a los expedientes actuales en la década de los sesenta de este milenio, hacia 2068 o 2069.

Las cosas bien hechas hay que hacerlas por orden y despacito. Menos mal que no se ha decidido empezar por las ordalías medievales o por los pleitos sucesorios entre los partidarios de Isabel y los de Juana la Beltraneja, en cuyo caso los legajos modernos tendrían que esperar algo más...

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