Ahora que ha terminado la huelga, no estará de más que se apunten a un cursillo rápido de protección de datos. Atentos al correo electrónico que acabamos de recibir del Registro Civil de Madrid, en respuesta a una petición de una humilde partida de nacimiento:

Y sigue un chorizo de centenares de direcciones de correo electrónico (el difuminado es mío), perfectamente visibles para todos los destinatarios. El cuerpo del mensaje refleja también el epatante grado de amabilidad que destilan los responsables (?) de la casa, o mejor dicho, de la cosa.

¿Quién dijo que las penas de cárcel no sirven para resocializar al reo? He aquí un anuncio clasificado en el que un antiguo narcotraficante canadiense se ofrece para trabajar (en un puesto limpio, se entiende), presumiendo de experiencia laboral, e incluso citando como referencia a la Fiscalía:

“He sido el máximo directivo de un equipo multinacional de 120 personas dedicadas al contrabando de marihuana, generando unos ingresos superiores a los cien millones de dólares al año (…) ”.  

Tiene gracia que el tipo se presente como experto en seguridad cuando ha pasado más de diez años a la sombra, prueba evidente de que algo falló en su estrategia de seguridad. Por otra parte, cabe imaginar que con un curriculum así, presentar un certificado de antecedentes penales en sus entrevistas de trabajo sería toda una redundancia...

 

Todos los medios han dado ya la noticia de la dimisión del ministro de Justicia. Todos, salvo la oficina de prensa del... Ministerio de Justicia.

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Ya podéis tachar nuestra dirección de Calle Mesena, 33. Nos hemos trasladado a una nueva oficina, en Capitán Haya, 47, oficina 108, a un paso de Plaza de Castilla y la sede de un buen número de los juzgados de Madrid. A vuestra disposición.

Me encantan las historias de chapucillas policiales, como ésta sucedida en Irlanda. Las autoridades de tráfico andaban a la zaga de un tal Prawo Jazdy, un misterioso conductor polaco que acumulaba centenares de multas por exceso de velocidad y mal aparcamiento. Cada vez que le detenían, el tipo mostraba su carnet de conducir de Polonia, y conseguía zafarse de las sanciones con un truco bastante simple: la dirección postal que aparecía en su permiso era distinta en cada ocasión.

Al cabo de un tiempo, algún sargento habilidoso con la base de datos se dio cuenta del pastel: Prawo Jazdy no es el nombre y apellido de ningún fulano, sino que significa permiso de conducir en polaco. Cada vez que los agentes sancionaban en carretera a algún conductor de esa nacionalidad, éste les exhibía el documento y aquellos anotaban las palabrejas que figuraban más visibles, confundiéndolas con un nombre propio.

No hay foto de la cara que se les quedó a los agentes firmantes de las denuncias cuando se apercibieron de su patanería. Lástima. En todo caso, amigo lector, si eres conductor y sufres resignado la inclemencia recaudatoria de las autoridades de tráfico, grita conmigo: Prawo Jazdy, ¡eres nuestro héroe!

Los escándalos económico-políticos que últimamente invaden las portadas tienen que ver casi siempre con el trasiego de dinero público a bolsillos privados a través de indecorosas componendas y corruptelas concebidas para sortear la legislación sobre contratación administrativa.

Salvando las distancias, la cosa recuerda bastante al mercado de bombillas fundidas que existía en la economía de la extinta URSS. ¿Quién podría tener interés en adquirir semejantes artículos? La explicación tiene bastante miga. No había prácticamente existencias de bombillas en las tiendas, ya que estaban prácticamente reservadas para las privilegiadas oficinas y fábricas estatales. Además, cada vez que se fundía una, éstas disponían de repuestos con bastante facilidad.  

A algún atribulado funcionario soviético se le ocurrió el truco. Si necesitas una bombilla, no tienes más que comprar una fundida en algún mercadillo, subirte a una silla e intercambiarla por una nueva en funcionamiento. En la oficina quedaba colgando la bombilla fundida, que era rápidamente sustituida por el encargado de mantenimiento, quien a su vez se encargaba de colocar la vieja de nuevo en el mercado negro.

La historia es probablemente una leyenda urbana, pero nos da una idea de cómo la ausencia de controles sobre el gasto público genera ineficiencias también en el sector privado. La normativa sobre concursos públicos establece unos límites por debajo de los cuales el político puede otorgar discrecionalmente contratos y prebendas. Si algún proyecto supera esa cuantía, el concejal encargado de cocinar el guiso no tiene más que trocearlo en varias rodajas y servirlo al gusto del amiguete de turno, convenientemente salpimentado de apariencia de legalidad. A la postre, valga el juego de palabras, pierde el contribuyente, que tiene que pagar una cuenta inflada y mantener además todo el restaurante, bombillas incluidas.

Si estando encarcelados decidís cumplir la primordial obligación de todo recluso (fugarse) y echáis a correr teniendo las manos esposadas en pareja, evitad, en la medida de lo posible, cruzaros con una farola.

De lo contrario, podríais acabar como el Gordo y el Flaco, al igual que los protagonistas de este vídeo neozelandés.

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