Los sufridos usuarios de los autobuses madrileños lo tienen cada vez más crudo. Si no pagan el elevado precio del billete, pueden acabar esposados y escoltados por la Guardia Civil, como ilustra la foto insertada por algún duende muy cachondo escondido en la redacción del ABC.

Queda claro que las arcas de los ayuntamientos no están para bromas.

¿Por qué un juez puede exigir a cualquier empresa que identifique a un trabajador que ha cometido un acto ilícito, o a una proveedora de gas natural para que desvele al titular de un contrato de suministro, o a un banco para conocer al titular de una tarjeta de crédito, y en cambio, nos llevamos las manos a la cabeza cuando se trata de un usuario de Internet?

Hace tiempo que no tocamos aquí ningún asunto relativo a la propiedad intelectual en la Red, un campo muy trillado en el que abundan los blogs especializados y donde mejores doctores tiene la Iglesia. Uno de éstos es Ricardo Gómez Cabaleiro, inmerecido lector de este blog y perseverante defensor de los autores frente al ciberexpolio masivo y los - a veces peregrinos - argumentos que lo amparan. Ricardo nos envía este artículo, publicado hace poco en Profesiones, en el que da respuesta a estas y otras incómodas preguntas.

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El lector curioso seguramente recordará el caso del senador estadounidense que demandó a Dios por causar 'catástrofes' en el mundo.

No nos referimos a la entidad mercantil de la foto, cuyos gerentes no andan precisamente escasos de autoestima, ni a ninguna de las reclamaciones interpuestas contra Google, el coloso de Internet cuyo poder sobre mentes y almas ya recibe frecuentes analogías con el Altísimo, sino a una reclamación interpuesta directamente contra el Todopoderoso.

En su escrito, el senador acusaba a Dios de haber causado "espantosas inundaciones, egregios terremotos, horrendos huracanes, terroríficos tornados, perniciosas plagas, feroces hambrunas, devastadoras sequías, y guerras genocidas".

Hoy nos enteramos (¡gracias, Miguel Ángel!) de que un juez ha rechazado finalmente la demanda, por un motivo procesal bastante comprensible: no hay manera de encontrar al Demandado (aquí, sí, con mayúscula) en un domicilio concreto y por tanto, de seguir adelante el pleito Aquel sufriría indefensión.

Todo parece un gran chiste del senador para llamar la atención sobre las deficiencias del sistema judicial estadounidense, donde cualquiera puede demandar literalmente a cualquiera y plantear las peticiones más estrafalarias.

El problema del demandante, a mi modo de ver, es que ha escogido mal el foro. ¿A quién se le ocurre acudir a la justicia nebrasqueña para formular una demanda tan manifiestamente insostenible? ¿Por qué no la presentó ante el juez Garzón? ¿No sabe que de las investigaciones del indómito magistrado español no se libra ni Dios?

El paro de secretarios judiciales convocado para hoy, y la acompañante pseudohuelga de jueces es un lamentable despropósito corporativista. Harían bien sus señorías en hacerse la pregunta que ya puso Cervantes en boca de la dueña Dolorida:

¿Qué locura o qué desatino me lleva a contar las ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías?

Los superferolíticos secretarios afirman que su paro de tres horas no tiene por objeto reivindicar la retirada de la sanción a la secretaria del juzgado del caso Mari Luz, Juana Gálvez, sino “exigir reformas en la Administración de Justicia”. Excusatio non petita, acusatio manifiesta, que diría el cursi, que traducido a gramática parda viene a significar que “el que se excusa se acusa”.

Veamos, ¿hay alguien que no esté de acuerdo en que la justicia española es un desastre crónico de dimensiones siderales, por su calamitosa falta de organización, su ridícula asignación presupuestaria y su inexistente o patética informatización? Si esto viene siendo así desde hace lustros, ¿cuántas huelgas o pseudotales han convocado hasta la fecha los señores secretarios? ¿Por qué casualmente lo hacen ahora que uno de ellos ha sido sancionado por haber dejado suelto durante dos años a un pederasta condenado en firme con la espeluznante consecuencia que todos conocemos?

Habrá que ver la cara que se les ha quedado hoy a los miles de ciudadanos que tras esperar durante meses o años a un juicio en el que van a ventilarse sus problemas económicos, familiares o laborales, han tenido que volverse a casa por el mismo camino por culpa de unos huelguistas que dicen defender los intereses de aquellos pero solo defienden los propios. Y en particular, ¿quién y cómo le va a explicar esto al padre de la niña asesinada?

Si querían protestar por los males de la Justicia, han elegido la peor oportunidad. La protesta contra la sanción a su compañera no es la gota que colma el vaso (como señala mi admirado Sevach, con quien tengo que disentir esta vez), sino un descarado intento de orillar la grave desatención cometida por su compañera en el caso Mari Luz so capa de la escasez de medios.

Si hiciéramos caso a sus tesis, el cirujano que se equivoca de riñón podría descargarse de responsabilidad vertiéndola sobre la masificación de la Sanidad, el conductor borracho que atropella a una anciana podría aducir la mala señalización del paso de cebra, el abogado que llega tarde a un juicio podría esgrimir que el autobús llegó tarde, etc.

Una cosa es que la calamitosa situación del juzgado sea tenida en cuenta en descargo o como atenuante de la responsabilidad de la secretaria sancionada, cosa razonable, pero otra bien distinta es que sus colegas improvisen una huelga sin servicios mínimos y con toma de rehenes (los ciudadanos, claro), en plena conmoción social por un gravísimo fallo judicial. ¿No había otra forma, y sobre todo, otro momento, de protestar?

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Ya queda menos para que se apruebe la ley del desahucio exprés que se supone que agilizará el mustio mercado del alquiler de viviendas. Albricias. Solo queda saber cómo se llamará la criatura legislativa que permitirá sacar rápidamente de las orejas a los inquilinos que no pagan la renta.

Es conocida (y bastante cómica) la orwelliana propensión que sufre el legislador a bautizar las leyes procesales con nombres que evocan velocidad, prontitud y presteza. Casi todos los pleitos penales se tramitan como procedimientos abreviados, diligencias urgentes o juicios rápidos.  Hasta el proceso más lento y pausado se llama, en epatante demostración de la curvatura espacio-tiempo, el sumario. Lo mismo ocurre en los litigios civiles, con sus procesos verbales (en los que todo queda por escrito) y sus ejecutivos, o en los contencioso-administrativos, que tampoco se libran de su proceso abreviado, etcétera.

Sufrimos los procesos judiciales más lentos de Europa (yo diría que de todo el Orbe conocido) pero, eso sí, tienen unos nombres muy galácticos, que de solo mencionarlos parece que ya han terminado. Lo difícil es luego explicar a un cliente por qué su procedimiento abreviado lleva siete años acumulando polvo en el juzgado, o su divorcio exprés se está alargando más que las guerras púnicas.

En todo caso, me apunto al voluntarismo semántico, que es francamente divertido y resulta mucho más barato que dotar a los juzgados de herramientas informáticas de este siglo. Allá va mi propuesta de nombre para la prometida ley de desahucios:

Anteproyecto de ley de reforma urgente por el que se establece un procedimiento inmediato, ultraabreviado y de expulsión instantánea en vía ejecutiva de inquilinos morosos mediante el acelerador de partículas LHC.

Si el amable lector tiene alguna otra sugerencia de nombre, le ruego que la deje en los comentarios.  ¡Y no olviden vitaminarse y supermineralizarse!

Engañar a los hombres de uno en uno es bastante más difícil que engañarlos de mil en mil. Por eso el orador tiene menos mérito que el abogado.

Este ciudadano ruso fue sorprendido conduciendo un vehículo, digamos no homologado por la vía pública. Por lo visto no es nada extraordinario ver cosas así por allá, como demuestran estas fotos de pintorescas situaciones policiales en los países exsoviéticos.

Vía Boing Boing.

Ahora que la crisis arrecia, el respetable está divorciándose menos, seguramente asustado ante los inevitables costes del proceso y en particular ante la peliaguda perspectiva de vender la casa en plena hecatombe inmobiliaria y poder partir peras como es debido. La vivienda conyugal suele ser una propiedad proindivisa, es decir, que por definición no se puede dividir con una sierra.

Salvo que usted viva en Camboya y haga como estos aguerridos y salomónicos excónyuges, que decidieron dividirse la casa literalmente. La porción de la foto es la que ha correspondido a la esposa, mientras que el esposo se ha mudado con su trozo a otro barrio de la ciudad.