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El paro de secretarios judiciales convocado para hoy, y la acompañante pseudohuelga de jueces es un lamentable despropósito corporativista. Harían bien sus señorías en hacerse la pregunta que ya puso Cervantes en boca de la dueña Dolorida:
¿Qué locura o qué desatino me lleva a contar las ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías?
Los superferolíticos secretarios afirman que su paro de tres horas no tiene por objeto reivindicar la retirada de la sanción a la secretaria del juzgado del caso Mari Luz, Juana Gálvez, sino “exigir reformas en la Administración de Justicia”. Excusatio non petita, acusatio manifiesta, que diría el cursi, que traducido a gramática parda viene a significar que “el que se excusa se acusa”.
Veamos, ¿hay alguien que no esté de acuerdo en que la justicia española es un desastre crónico de dimensiones siderales, por su calamitosa falta de organización, su ridícula asignación presupuestaria y su inexistente o patética informatización? Si esto viene siendo así desde hace lustros, ¿cuántas huelgas o pseudotales han convocado hasta la fecha los señores secretarios? ¿Por qué casualmente lo hacen ahora que uno de ellos ha sido sancionado por haber dejado suelto durante dos años a un pederasta condenado en firme con la espeluznante consecuencia que todos conocemos?
Habrá que ver la cara que se les ha quedado hoy a los miles de ciudadanos que tras esperar durante meses o años a un juicio en el que van a ventilarse sus problemas económicos, familiares o laborales, han tenido que volverse a casa por el mismo camino por culpa de unos huelguistas que dicen defender los intereses de aquellos pero solo defienden los propios. Y en particular, ¿quién y cómo le va a explicar esto al padre de la niña asesinada?
Si querían protestar por los males de la Justicia, han elegido la peor oportunidad. La protesta contra la sanción a su compañera no es la gota que colma el vaso (como señala mi admirado Sevach, con quien tengo que disentir esta vez), sino un descarado intento de orillar la grave desatención cometida por su compañera en el caso Mari Luz so capa de la escasez de medios.
Si hiciéramos caso a sus tesis, el cirujano que se equivoca de riñón podría descargarse de responsabilidad vertiéndola sobre la masificación de la Sanidad, el conductor borracho que atropella a una anciana podría aducir la mala señalización del paso de cebra, el abogado que llega tarde a un juicio podría esgrimir que el autobús llegó tarde, etc.
Una cosa es que la calamitosa situación del juzgado sea tenida en cuenta en descargo o como atenuante de la responsabilidad de la secretaria sancionada, cosa razonable, pero otra bien distinta es que sus colegas improvisen una huelga sin servicios mínimos y con toma de rehenes (los ciudadanos, claro), en plena conmoción social por un gravísimo fallo judicial. ¿No había otra forma, y sobre todo, otro momento, de protestar?
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