Me importan un rábano las reivindicaciones de los transportistas. A ellos les preocupan aún menos mis problemas, así como los de los otros miles de conductores a los que han decidido secuestrar en la carretera para hacer valer sus demandas ante un tercero, el Gobierno. Quieren combustible subvencionado, es decir, que esos mismos ciudadanos a los que aplican el secuestro exprés más impune les paguemos sus costes con nuestros impuestos y les premiemos su imprevisión.

Exigen, además, precios mínimos para sus contratos de transporte. Esta marcianada, como saben o deberían saber los representantes de la organización convocante (Fenadismer), es ilegal, pues vulneraría groseramente la legislación de la competencia, y además supondría una afrenta adicional al mismo consumidor al que tienen de rehén en la autopista.

Pues que les den mucha morcilla a nuestros amables secuestradores. Como dice Antonio Avendaño, "La última huelga del transporte es una huelga que no es una huelga contra un patrón que no es un patrón y cuyos huelguistas que no son huelguistas le exigen al patrón que no es un patrón que baje unos impuestos que no puede bajar, suba unas tarifas que no puede subir y prohíba unas prácticas desleales que no puede prohibir.”

Ayer rumiaba al volante pensamientos menos prudentes que estos mientras sufría el embotellamiento dolosamente causado por estos ases de la coacción. Todo esto pasa por no tener una Ley de Huelga en condiciones. Seguimos, aunque parezca increíble, con un magro decretillo del año 1977. La Constitución obliga a desarrollar en una ley el derecho a la huelga, pero ningún gobierno se ha atrevido a hacerlo en más de tres décadas para no tener que vérselas con los sindicatos.

Hablando de gobierno, o más bien ausencia de éste, la imagen más pasmosa de estos días es la los de agentes de tráfico de brazos cruzados ante estos desmanes. Si usted, apreciado lector, bloquea con su coche una autopista para reclamar, pongamos, una subida de sueldo, o que le subvencionen las pastillas de freno, no dude en que el multón que le caerá será de aúpa. En cambio, estos pseudohuelguistas tienen carta blanca para cortar servicios esenciales delante de los mismísimos tricornios sin que éstos muevan un músculo. Ante esta desprotección, a los ciudadanos de infantería solo nos queda llamar a los cascos azules. Si algún lector conoce el teléfono, le ruego que lo deje en los comentarios.

Para mayor desahogo, no os perdáis este cáustico video de Negópolis (vía Loogic):

totalmente de acuerdo

1 | Enviado por Lucas el June 10, 2008 a las 10:17 PM

¡ anda que no he defendido yo pleiticos por coacciones y amenazas por menos de lo que hacen este atajo de sinvergüenzas!
¿dónde está la guardia civil? ¿hasta cuándo vamos a consentir ésto? a los subsaharianos con cedeses en una manata ... a esos al trullo, pero a Manolón con su camión ... a ese nada ¡ viva la Ley del embudo ! (Ley que, como bien sabe el anfitrión de esta bitácora es la más aplicada y nunca legislada)

2 | Enviado por M@x el June 12, 2008 a las 12:15 AM

Pedro, parece que por fin la policía va recibiendo las órdenes correspondientes y ha empezado a cumplir la obligación que le incumbe: hacer respetar la ley... tres días después!
Por cierto, muy acertado el agravio comparativo con los manteros...

3 | Enviado por javier muñoz el June 12, 2008 a las 2:37 PM

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