Es sabido que el poder erotiza, aunque sea de poco vuelo y circunscrito a una pedanía de cuarenta habitantes. Cuando se toca el poder y se pisa moqueta, el concejalillo más humilde corre el riesgo de sufrir mal de altura y creerse maharajá de la India o gobernador de Barataria.

El delirio suele darse en grupo, y es a veces un municipio entero el que se comporta como si fuera un país soberano, con facultades diplomáticas e incluso embajadas extranjeras en su territorio. Sufriendo una curiosa patología osmótica y en una suerte de alucinación colectiva, los concejales promueven incluso declaraciones de persona non grata, cómo la que le acaba de endilgar el Ayuntamiento de Marbella al presunto cerebro de la operación 'Malaya', Juan Antonio Roca.

Persona non grata (literalmente, persona no bienvenida) es una expresión que se utiliza en las relaciones internacionales para declarar a algún diplomático inaceptable e impedir que entre en el país o enviarle de vuelta al suyo. Se trata de un mecanismo regulado en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y que tiene un efecto legal claro. El Estado acreditante queda obligado a retirar a esa persona o poner término a sus funciones en la misión.

Fuera del ámbito diplomático, las declaraciones de persona ‘non grata’ no tienen eficacia jurídica alguna y son, como diría un chileno, más inútiles que un cenicero de moto. Los Ayuntamientos no tienen habilitación legal para colgar esta extraña condecoración en el cuello de ningún ciudadano, por muy facineroso que sea y por mal que les caiga a los munícipes de turno. Los consistorios no tienen libertad de expresión para criticar a sus administrados. Sus únicas funciones son las que le asigna la ley, y como dice la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1989, tales fines no incluyen el de atribuir calificativos a sus administrados o a las empresas que actúan en su ámbito territorial.

Además, el observador se pregunta para qué diantre acuden los ayuntamientos a tan pintoresco expediente, cuando, como afirmó el Tribunal Supremo (Sala III, sentencia de 24/11/03), disponen legalmente de suficientes mecanismos de autotuela declarativa, ejecutiva y de coerción, incluso, para evitar o eliminar las actuaciones o comportamientos ilegales, sin recurrir a una descalificación formal, que puede comportar un desprestigio y, en todo caso, un reproche sin respaldo normativo ni garantía de procedimiento.

Los ayuntamientos que así se comportan se alejan de los modos diplomáticos que pretenden pomposamente adoptar, y caen justamente en lo contrario, desprendiendo un aire más bien faltón y cateto. Y si, años después, algún concejal en sus cabales intenta revocar alguna boba declaración de este tipo, fruto de un antiguo calentón municipal, le puede ocurrir lo que al Ayuntamiento de Calafell.

Cuando el municipio tarraconense quiso rehabilitar al cómico Albert Boadella y su compañía Els Joglars, a los que años atrás había distinguido con la declaración de no gratos, vaya usted a saber por qué, Boadella contestó con una divertidísima carta quejándose por la retirada de la distinción, reivindicando su condición de persona no grata, y reclamando “dignidad y respeto para las personas no gratas nombradas con la mayoría del consistorio”.

Más les valdría a los munícipes atenerse al consejo que dio don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula (capítulo XLII de la segunda parte):

Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones.

La Justicia española, inmersa en un colapso organizativo de dimensiones siderales, es como un bebé abandonado a la puerta de un hospicio. La criatura vive, respira, existe, pero no tiene padre ni madre. Mejor dicho, tiene padres pero éstos renuncian a serlo. Así, los males que afligen al sistema judicial son muchos, pero nadie reconoce directamente su paternidad. Ni siquiera los principales responsables del párvulo abandonado, que son los jueces y magistrados, por la parte que les toca.

Allá va el alfilerazo del día. Esta misma mañana hay un buen número de jueces que en lugar de estar en su puesto de trabajo, redactando sentencias, dirigiendo juicios, y resolviendo en definitiva los miles de asuntos que se acumulan en sus escritorios, están impartiendo clases en másters, cursos, cursillos, paneles, jornadas y mesas redondas, cuadradas y triangulares de todos los colores, organizadas por centros públicos y privados de toda clase.

Cierto es que la normativa permite a los miembros de la Carrera Judicial compatibilizar su cargo con el ejercicio de la docencia. Así lo autoriza el art. 263 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.

Pero el sentido común dice que los jueces y magistrados no pueden dedicarse a actividades ajenas a su labor que deban desarrollarse en el horario de ésta. Y no solo el sentido común. También lo establece el articulo 265 del citado reglamento, con meridiana, prístina y cristalina claridad:

“Sólo se autorizarán compatibilidades para actividades que deban desarrollarse a partir de las quince horas.”

Este precepto, que entiende hasta mi hija (que no ha cumplido aún los dos añitos), resulta de difícil comprensión para los máximos exegetas de la ley, los llamados a interpretarla todos los días. Consultando al azar un programa cualquiera de los cursos que organiza el Colegio de Abogados de Madrid, y revisando el plantel de profesores (pdf) comprobamos que en horario de 10 a 14 horas intervendrán magistrados responsables de un Juzgado de lo Penal, una Sección de la Audiencia Nacional, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, una sección de la Audiencia Provincial y un Juzgado de Instrucción, entre otros.

Por supuesto que la mayoría de los jueces acuden puntualmente a su trabajo y se dedican esforzadamente a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, como ordena la ley, en una labor callada y pocas veces reconocida, y que muchos incluso se llevan los expedientes a casa para seguir trabajando por las tardes. Y desde luego que los abogados y otros profesionales también contribuimos al caos en no pocas ocasiones. Por otro lado, tengo buenos amigos jueces, muy diligentes y profesionales, etcétera, etcétera. Pero no es a éstos a quienes me refiero.

Me refiero a los magistrados que denuncian que las administraciones públicas desatienden las “seculares peticiones” de aumento del número de juzgados, y al mismo tiempo están cogiendo el abrigo para salir escopetados, en plena mañana, a impartir el cursillo de turno.

- ¿Qué hay de mi asunto, señoría? ¿Dónde va tan rápido?

-  ¡Es que llego tarde a clase! 

Tenía que llegar. Ya hemos visto separaciones matrimoniales por SMS, o incluso despidos por SMS. Ahora ya tenemos el divorcio por YouTube. La penúltima sensación en la popular plataforma videográfica es este furibundo monólogo de la actriz Tricia Walsh-Smith en el que le monta una auténtica escenita a su marido, con exhaustiva exhibición de intimidades, álbum de boda incluido.

Cuidado, da bastante vergüenza ajena, en este caso multiplicada a escala planetaria. Parece ser que el esposo, un empresario teatral neoyorquino, se ha enterado de la pataleta de su cónyuge viendo el vídeo … al mismo tiempo que unos cuantos miles de terrícolas.

Hay comunicados de prensa que le dejan a uno boquiabierto, turulato, estupefacto y cariacontecido. Éste es uno (las negritas son mías):

La asociación de consumidores FACUA se ha manifestado contra la liberalización de los horarios comerciales en Madrid al considerar que fomentará el consumismo y favorecerá que las grandes superficies devoren a una parte del pequeño comercio. FACUA considera que los consumidores no necesitan que los establecimientos comerciales abran todos los días, resultando suficiente la regulación de una serie de festivos al año. Además, señala que la medida no hará otra cosa que fomentar conductas consumistas vinculando aún más el ocio al consumo, ya que los días de fiesta los consumidores se verán rodeados de aún más reclamos induciéndoles a realizar actos de compra. Lo que menos necesitan los consumidores, advierte la asociación, es que se eliminen los límites horarios al comercio para que les inviten al despilfarro cualquier día y a cualquier hora y transformen sus horas de ocio en acciones de compra.

Decía Einstein: “Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro”. Esta historia es del año pasado, pero es tan estupefaciente que no podemos dejarla pasar así como así.

Un tribunal de Ámsterdam ha rechazado la demanda de una ciudadana, de nombre Helene de Gier, que reclamaba una indemnización por el daño emocional sufrido por no haber ganado la Lotería nacional holandesa. Este premio se reparte entre los residentes que compran el boleto y viven en el código postal que se elige por sorteo cada semana.

Pues bien, según la demandante, el hecho de siete de sus vecinos de calle obtuvieran catorce millones de euros cada uno, sin que a ella le tocase un mísero céntimo, y que los afortunados le “restregasen” su dicha paseándose con sus nuevos coches de lujo por su puerta, le ha causado un trauma que, cómo no, debe ser resarcido económicamente por el organismo organizador del premio.

Para mayor intrepidez jurídica, resulta que la buena señora ni siquiera había comprado un billete para el sorteo.

El argumento de los jueces es tan obvio que parece de cuchufleta. Se desestima la reclamación judicial porque, en caso contrario, cualquiera que no participe en una lotería o juego de azar de cualquier tipo, una vez conocido el resultado, podría reclamar daños y perjuicios por el trauma causado por no haber ganado.

Hay una expresión periodística que de tan manida, tiene su gracia. Se trata de la vuelta a la normalidad. En este caso, son los juzgados los que vuelven a esa cosa, la normalidad, tras dos meses de huelga de sus funcionarios. Es decir, regreso a las mesas cargadas de expedientes en papel grapados con taladradora (sí, con taladradora), a los pasillos atestados de gente, a los juicios suspendidos mil veces por errores de comunicación, a los sistemas informáticos que no conocen aún inútiles fruslerías modernas como Windows, Internet o el correo electrónico, a la esclerosis funcional y al burocratismo decimonónico.

Un ejemplo puede dar idea de cómo está organizado (?) el aparato judicial en España, un prodigio de ultragarantismo y de elefantiasis administrativa. Veamos cómo funciona un juicio rápido en una materia tan frecuente como es la violencia doméstica en fin de semana en Madrid. La policía detiene al agresor, abre diligencias, le toma declaración y le pone a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia. Este abre Diligencias Previas, le interroga de nuevo y decide sobre su libertad o prisión preventiva. A continuación se inhibe a favor del correspondiente Juzgado de Violencia contra la Mujer, que abre un nuevo expediente, le vuelve a tomar declaración y organiza el juicio rápido. Si el acusado no está conforme con la petición de pena que formula el Fiscal, el asunto pasa a un Juzgado de lo Penal, que abre una nueva carpeta y celebra la vista oral. Una vez dictada sentencia, si alguna de las partes plantea recurso, el asunto asciende a una sección de la Audiencia Provincial.

Hasta aquí, el caso ha pasado por la policía y por cuatro órganos judiciales diferentes, y en cada uno de ellos con su burocracia correspondiente, toma de datos, notificaciones, fotocopias, paseo de papeles varios y amenísimas estadías en salas de espera, cuando las hay. Y esto sin contar con posibles recursos de casación ante el Tribunal Supremo o de amparo ante el Tribunal Constitucional. Todo por unas amenazas o lesiones leves. Si el delito es más grave, no les cuento. Y esto en la jurisdicción penal. Las hay más complejas, como la contencioso-administrativa.

El resultado es un enorme cartapacio rebosante de papel muerto cuyas tres cuartas partes apenas sirve más que para deforestar el Amazonas, en el que han intervenido decenas de funcionarios en trámites duplicados, en el que no se ha enviado ni recibido ni un solo correo electrónico y en el que las comunicaciones se han entregado en mano o por fax (sí, la chirriante maquinita de moda a finales del siglo pasado). En el sector privado, un esquema organizativo así acabaría con la multinacional más sólida en una semana. En nuestro sistema judicial, tras décadas de incuria y desinterés político, es la normalidad.