Hay una expresión periodística que de tan manida, tiene su gracia. Se trata de la vuelta a la normalidad. En este caso, son los juzgados los que vuelven a esa cosa, la normalidad, tras dos meses de huelga de sus funcionarios. Es decir, regreso a las mesas cargadas de expedientes en papel grapados con taladradora (sí, con taladradora), a los pasillos atestados de gente, a los juicios suspendidos mil veces por errores de comunicación, a los sistemas informáticos que no conocen aún inútiles fruslerías modernas como Windows, Internet o el correo electrónico, a la esclerosis funcional y al burocratismo decimonónico.

Un ejemplo puede dar idea de cómo está organizado (?) el aparato judicial en España, un prodigio de ultragarantismo y de elefantiasis administrativa. Veamos cómo funciona un juicio rápido en una materia tan frecuente como es la violencia doméstica en fin de semana en Madrid. La policía detiene al agresor, abre diligencias, le toma declaración y le pone a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia. Este abre Diligencias Previas, le interroga de nuevo y decide sobre su libertad o prisión preventiva. A continuación se inhibe a favor del correspondiente Juzgado de Violencia contra la Mujer, que abre un nuevo expediente, le vuelve a tomar declaración y organiza el juicio rápido. Si el acusado no está conforme con la petición de pena que formula el Fiscal, el asunto pasa a un Juzgado de lo Penal, que abre una nueva carpeta y celebra la vista oral. Una vez dictada sentencia, si alguna de las partes plantea recurso, el asunto asciende a una sección de la Audiencia Provincial.

Hasta aquí, el caso ha pasado por la policía y por cuatro órganos judiciales diferentes, y en cada uno de ellos con su burocracia correspondiente, toma de datos, notificaciones, fotocopias, paseo de papeles varios y amenísimas estadías en salas de espera, cuando las hay. Y esto sin contar con posibles recursos de casación ante el Tribunal Supremo o de amparo ante el Tribunal Constitucional. Todo por unas amenazas o lesiones leves. Si el delito es más grave, no les cuento. Y esto en la jurisdicción penal. Las hay más complejas, como la contencioso-administrativa.

El resultado es un enorme cartapacio rebosante de papel muerto cuyas tres cuartas partes apenas sirve más que para deforestar el Amazonas, en el que han intervenido decenas de funcionarios en trámites duplicados, en el que no se ha enviado ni recibido ni un solo correo electrónico y en el que las comunicaciones se han entregado en mano o por fax (sí, la chirriante maquinita de moda a finales del siglo pasado). En el sector privado, un esquema organizativo así acabaría con la multinacional más sólida en una semana. En nuestro sistema judicial, tras décadas de incuria y desinterés político, es la normalidad. 

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