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Esta es la vencedora en el concurso de leyes absurdas que ha organizado el Telegraph en el Reino Unido. Por lo visto, la norma tiene cierta justificación. Parece ser que el parlamento británico está alojado en un Palacio Real. Si a usted le da por morirse en su interior debe saber que, técnicamente, tendrá derecho a un funeral de Estado. Por eso, los ujieres sacan a toda velocidad del recinto a quien de pronto sufre algún desmayo o indisposición…
Ante esto, es inevitable preguntarse cómo operaría una norma así en el Congreso español. Teniendo en cuenta la espléndida duración de las vacaciones parlamentarias y el extraterrestre nivel de absentismo de sus Señorías, en curiosa consonancia con su reconocida pasión por los eventos deportivos televisados, es tan poco probable encontrar un diputado en horario laboral ordinario en el viejo caserón de la Carrera de San Jerónimo como hacerlo en, digamos, el desierto del Gobi a la hora de la siesta.
Por tanto, a falta de políticos, la norma habría de centrarse en el personal administrativo de la casa, así como en los eventuales visitantes y espectadores de las sesiones parlamentarias. En este caso sí existe riesgo real de morir… de aburrimiento.
He aquí una noticia que combina la picaresca jurídica con el arte escapista de Houdini y nos dice mucho sobre la condición humana y el instinto de supervivencia. Una mujer condenada a la pena de muerte en Vietnam por tráfico de drogas ha conseguido librarse de su ominoso destino, tras agotar todos los recursos judiciales, con un método que ni el letrado más mañoso podía imaginar.
Nguyen Thi Oanh, que así se llama la pobre criatura, esperaba su cita con el pelotón de fusileros en una celda de aislamiento de una prisión de Hanoi. En el último minuto, cuando ya estaba el patio listo y los verdugos estaban engrasando sus armas, saltó la sorpresa: ¡Nguyen está embarazada!
Con arreglo al artículo 35 del Código Penal vietnamita, no puede aplicarse la pena capital a las mujeres embarazadas ni a las madres de hijos menores de tres años. Por tanto, la pena capital ha sido conmutada por la cadena perpetua.
Las autoridades dicen ahora que están investigando cómo es posible que se produjera el embarazo de una presa que estaba sujeta al más estricto régimen de confinamiento. Ah, misterios de la madre naturaleza. Entretanto, el bebé puede sentirse orgulloso. Tan solo naciendo ha salvado la vida a su propia madre.
Estamos en plena carrera electoral para las elecciones del próximo 14 de diciembre, que marcarán el futuro del Colegio de Abogados de Madrid. Del interés que este oficio tiene por la Red da idea el hecho de que de las numerosas candidaturas promulgadas, solamente una de ellas cuenta con web oficial, seuo.
Se trata del equipo encabezado por Javier Cremades (autor, por cierto, con un guadianesco blog), que me ha llamado la atención por sus promesas de modernización tecnológica de la profesión y su idea de creación de una comunidad de abogados 2.0. Su plataforma digital para la campaña se atreve incluso con algún vídeo de presentación y cierto grado de interacción con los lectores y potenciales electores. De hecho, el último punto de su decálogo programático se titula “Tu propuesta”.
Recogiendo tan cibernético guante, me permito apuntar aquí la mía, que es más bien una antipropuesta, o propuesta a la inversa. Acierta Cremades cuando propone rebajar las cuotas, proporcionar una base de datos jurídica a todos los colegiados, crear una red de prácticas para abogados fuera de España, mejorar la remuneración del turno de oficio, etc. Para todo eso debe servir un colegio de abogados. Pero, ¿para qué no sirve?
La corporación madrileña, como muchos otras, padece la clásica enfermedad burocrática que se define con un irónico brocardo: “el órgano crea la función”. La proliferación de departamentos y negociados, que ha convertido a la institución en un elefante burocrático, acaba exigiendo - como siempre ocurre con los órganos administrativos cuando no se les pone freno – un buen surtido de competencias, funciones y potestades para justificar su propia existencia.
Si Cremades propone rebajar las cuotas con las que los abogados sufragamos la institución, tendrá que explicar la parte menos amable de la iniciativa, esto es, cómo y dónde va a recortar gastos y/o reducir funciones colegiales. De momento, podría empezar por todo lo que resulta superfluo y ajeno a la verdadera misión de una corporación profesional como la nuestra. ¿Qué pinta un colegio de abogados organizando (y sufragando) concursos de pintura, valga la redundancia? ¿No están para eso las academias y asociaciones de bellas artes? ¿Qué hace un colegio de abogados metido a editor (y subvencionador) de libros jurídicos? ¿No están para eso las editoriales? ¿Qué se le ha perdido al colegio en la cima del Toubkal? Para organizar intrépidas expediciones, ¿no están ya las federaciones o asociaciones deportivas?
El nuevo decano habría de fijarse como prioridad designar algún responsable análogo a aquel ministro brasileño de la Desburocratizaçao, una función racionalizadora que parece un oxímoron pero es, hoy, más bien una necesidad.
Noticia de relieve: Las togas de los abogados españoles serán zurcidas en las cárceles.
Por algún motivo esto me ha recordado lo que un juez amigo me contó que piensa al redactar la sentencia tras un juicio especialmente tedioso o mal defendido por algún letrado: los acusados, a prisión. Y al abogado, ¡que le zurzan!
La autorreferencia es un fenómeno del lenguaje consistente en una oración o fórmula referente en forma directa a sí misma. El aserto “Esta frase que estoy escribiendo ahora mismo es la frase que estás leyendo ahora mismo” es un elegante ejemplo de esta disciplina, encabalgada entre la filosofía, la filología y el divertimento. (Véase la serie que le vienen dedicando los Microsiervos).
En el campo de minas que es el panorama jurídico español estamos viviendo estos días una formidable paradoja autorreferente. Hace poco el Gobierno consiguió sacar adelante una reforma de la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, con el nada velado objetivo de mejorar a su favor la correlación de fuerzas con vistas a las impugnaciones en marcha de algunas leyes clave de la legislatura. La oposición recurrió contra la reforma, por considerarla anticonstitucional, ante la propia institución. De modo que el Tribunal Constitucional tiene ahora que decidir sobre la constitucionalidad de su propia reforma.
Pero la paradoja no acaba ahí. A continuación, han llovido las recusaciones de magistrados por diversos motivos. La cosa ha llegado a tal extremo que el presidente en funciones, Vicente Conde, ha consultado a los magistrados su opinión sobre la viabilidad de convocar un Pleno de los diez magistrados para examinar las cinco recusaciones que deben ser resueltas. Si se llegara a celebrar, cinco de ellos, ¡enjuiciarían sus propias recusaciones!
El otro día participé en una internetertulia con Enrique Dans, Jesús Javier Pérez y Javier Barrera acerca de una propuesta de ley italiana que, según parece, pretende obligar a los titulares de blogs a inscribirse en un registro público, a cumplimentar prolijos formularios y a pagar las correspondientes tasas. Un engendro que, a primera vista, casa muy bien con la gerontocrática mentalidad del legislador transalpino, pero que a mi modo de ver, no es para tanto.
El programa, titulado Enredados 2x06: Leyes Mordaza, partía del artículo Leyes mordaza y el futuro que les espera, de JJ Merelo, y puede escucharse en formato podcast pulsando sobre el siguiente botoncito: