El intervencionismo reglamentista nunca se reconoce como tal. Ayer en el programa de radio de El Níe comentamos la Orden del Ministerio de Hacienda (pdf) que acaba de entrar en vigor y pretende estrechar el control de las remesas de los inmigrantes al exterior, obligando a los locutorios y demás establecimientos de envío de dinero a identificar a sus clientes cuando una transferencia supere los 3.000 euros, como ocurre con los bancos.

El objetivo de la norma, según afirma la Exposición de Motivos, es prevenir el blanqueo de dinero, tratando de "cohonestar razonablemente las necesidades de la prevención del blanqueo de capitales con la conveniencia de mantener en un nivel razonable las exigencias regulatorias impuestas a esta actividad empresarial."

Muy razonable, sí señor, si no fuera porque esas 'exigencias regulatorias' que les acaban de caer en la cocorota a los dueños de locutorios incluyen la obligación de establecer decenas de medidas de control burocrático, redactar larguísimos procedimientos y protocolos y cumplimentar otros cuantos trámites que precisan, como mínimo, contratar a un administrativo a jornada completa. Un riñón, vamos.

Ya lo sabe, apreciado lector: cuando una norma anuncie su intención de 'cohonestar' sus intereses con los del gobierno, llévese la mano a la cartera…

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