Es sabido que el poder erotiza, aunque sea de poco vuelo y circunscrito a una pedanía de cuarenta habitantes. Cuando se toca el poder y se pisa moqueta, el concejalillo más humilde corre el riesgo de sufrir mal de altura y creerse maharajá de la India o gobernador de Barataria.

El delirio suele darse en grupo, y es a veces un municipio entero el que se comporta como si fuera un país soberano, con facultades diplomáticas e incluso embajadas extranjeras en su territorio. Sufriendo una curiosa patología osmótica y en una suerte de alucinación colectiva, los concejales promueven incluso declaraciones de persona non grata, cómo la que le acaba de endilgar el Ayuntamiento de Marbella al presunto cerebro de la operación 'Malaya', Juan Antonio Roca.

Persona non grata (literalmente, persona no bienvenida) es una expresión que se utiliza en las relaciones internacionales para declarar a algún diplomático inaceptable e impedir que entre en el país o enviarle de vuelta al suyo. Se trata de un mecanismo regulado en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y que tiene un efecto legal claro. El Estado acreditante queda obligado a retirar a esa persona o poner término a sus funciones en la misión.

Fuera del ámbito diplomático, las declaraciones de persona ‘non grata’ no tienen eficacia jurídica alguna y son, como diría un chileno, más inútiles que un cenicero de moto. Los Ayuntamientos no tienen habilitación legal para colgar esta extraña condecoración en el cuello de ningún ciudadano, por muy facineroso que sea y por mal que les caiga a los munícipes de turno. Los consistorios no tienen libertad de expresión para criticar a sus administrados. Sus únicas funciones son las que le asigna la ley, y como dice la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1989, tales fines no incluyen el de atribuir calificativos a sus administrados o a las empresas que actúan en su ámbito territorial.

Además, el observador se pregunta para qué diantre acuden los ayuntamientos a tan pintoresco expediente, cuando, como afirmó el Tribunal Supremo (Sala III, sentencia de 24/11/03), disponen legalmente de suficientes mecanismos de autotuela declarativa, ejecutiva y de coerción, incluso, para evitar o eliminar las actuaciones o comportamientos ilegales, sin recurrir a una descalificación formal, que puede comportar un desprestigio y, en todo caso, un reproche sin respaldo normativo ni garantía de procedimiento.

Los ayuntamientos que así se comportan se alejan de los modos diplomáticos que pretenden pomposamente adoptar, y caen justamente en lo contrario, desprendiendo un aire más bien faltón y cateto. Y si, años después, algún concejal en sus cabales intenta revocar alguna boba declaración de este tipo, fruto de un antiguo calentón municipal, le puede ocurrir lo que al Ayuntamiento de Calafell.

Cuando el municipio tarraconense quiso rehabilitar al cómico Albert Boadella y su compañía Els Joglars, a los que años atrás había distinguido con la declaración de no gratos, vaya usted a saber por qué, Boadella contestó con una divertidísima carta quejándose por la retirada de la distinción, reivindicando su condición de persona no grata, y reclamando “dignidad y respeto para las personas no gratas nombradas con la mayoría del consistorio”.

Más les valdría a los munícipes atenerse al consejo que dio don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula (capítulo XLII de la segunda parte):

Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones.

La Justicia española, inmersa en un colapso organizativo de dimensiones siderales, es como un bebé abandonado a la puerta de un hospicio. La criatura vive, respira, existe, pero no tiene padre ni madre. Mejor dicho, tiene padres pero éstos renuncian a serlo. Así, los males que afligen al sistema judicial son muchos, pero nadie reconoce directamente su paternidad. Ni siquiera los principales responsables del párvulo abandonado, que son los jueces y magistrados, por la parte que les toca.

Allá va el alfilerazo del día. Esta misma mañana hay un buen número de jueces que en lugar de estar en su puesto de trabajo, redactando sentencias, dirigiendo juicios, y resolviendo en definitiva los miles de asuntos que se acumulan en sus escritorios, están impartiendo clases en másters, cursos, cursillos, paneles, jornadas y mesas redondas, cuadradas y triangulares de todos los colores, organizadas por centros públicos y privados de toda clase.

Cierto es que la normativa permite a los miembros de la Carrera Judicial compatibilizar su cargo con el ejercicio de la docencia. Así lo autoriza el art. 263 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial.

Pero el sentido común dice que los jueces y magistrados no pueden dedicarse a actividades ajenas a su labor que deban desarrollarse en el horario de ésta. Y no solo el sentido común. También lo establece el articulo 265 del citado reglamento, con meridiana, prístina y cristalina claridad:

“Sólo se autorizarán compatibilidades para actividades que deban desarrollarse a partir de las quince horas.”

Este precepto, que entiende hasta mi hija (que no ha cumplido aún los dos añitos), resulta de difícil comprensión para los máximos exegetas de la ley, los llamados a interpretarla todos los días. Consultando al azar un programa cualquiera de los cursos que organiza el Colegio de Abogados de Madrid, y revisando el plantel de profesores (pdf) comprobamos que en horario de 10 a 14 horas intervendrán magistrados responsables de un Juzgado de lo Penal, una Sección de la Audiencia Nacional, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, una sección de la Audiencia Provincial y un Juzgado de Instrucción, entre otros.

Por supuesto que la mayoría de los jueces acuden puntualmente a su trabajo y se dedican esforzadamente a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, como ordena la ley, en una labor callada y pocas veces reconocida, y que muchos incluso se llevan los expedientes a casa para seguir trabajando por las tardes. Y desde luego que los abogados y otros profesionales también contribuimos al caos en no pocas ocasiones. Por otro lado, tengo buenos amigos jueces, muy diligentes y profesionales, etcétera, etcétera. Pero no es a éstos a quienes me refiero.

Me refiero a los magistrados que denuncian que las administraciones públicas desatienden las “seculares peticiones” de aumento del número de juzgados, y al mismo tiempo están cogiendo el abrigo para salir escopetados, en plena mañana, a impartir el cursillo de turno.

- ¿Qué hay de mi asunto, señoría? ¿Dónde va tan rápido?

-  ¡Es que llego tarde a clase! 

Tenía que llegar. Ya hemos visto separaciones matrimoniales por SMS, o incluso despidos por SMS. Ahora ya tenemos el divorcio por YouTube. La penúltima sensación en la popular plataforma videográfica es este furibundo monólogo de la actriz Tricia Walsh-Smith en el que le monta una auténtica escenita a su marido, con exhaustiva exhibición de intimidades, álbum de boda incluido.

Cuidado, da bastante vergüenza ajena, en este caso multiplicada a escala planetaria. Parece ser que el esposo, un empresario teatral neoyorquino, se ha enterado de la pataleta de su cónyuge viendo el vídeo … al mismo tiempo que unos cuantos miles de terrícolas.

Hay comunicados de prensa que le dejan a uno boquiabierto, turulato, estupefacto y cariacontecido. Éste es uno (las negritas son mías):

La asociación de consumidores FACUA se ha manifestado contra la liberalización de los horarios comerciales en Madrid al considerar que fomentará el consumismo y favorecerá que las grandes superficies devoren a una parte del pequeño comercio. FACUA considera que los consumidores no necesitan que los establecimientos comerciales abran todos los días, resultando suficiente la regulación de una serie de festivos al año. Además, señala que la medida no hará otra cosa que fomentar conductas consumistas vinculando aún más el ocio al consumo, ya que los días de fiesta los consumidores se verán rodeados de aún más reclamos induciéndoles a realizar actos de compra. Lo que menos necesitan los consumidores, advierte la asociación, es que se eliminen los límites horarios al comercio para que les inviten al despilfarro cualquier día y a cualquier hora y transformen sus horas de ocio en acciones de compra.

Decía Einstein: “Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro”. Esta historia es del año pasado, pero es tan estupefaciente que no podemos dejarla pasar así como así.

Un tribunal de Ámsterdam ha rechazado la demanda de una ciudadana, de nombre Helene de Gier, que reclamaba una indemnización por el daño emocional sufrido por no haber ganado la Lotería nacional holandesa. Este premio se reparte entre los residentes que compran el boleto y viven en el código postal que se elige por sorteo cada semana.

Pues bien, según la demandante, el hecho de siete de sus vecinos de calle obtuvieran catorce millones de euros cada uno, sin que a ella le tocase un mísero céntimo, y que los afortunados le “restregasen” su dicha paseándose con sus nuevos coches de lujo por su puerta, le ha causado un trauma que, cómo no, debe ser resarcido económicamente por el organismo organizador del premio.

Para mayor intrepidez jurídica, resulta que la buena señora ni siquiera había comprado un billete para el sorteo.

El argumento de los jueces es tan obvio que parece de cuchufleta. Se desestima la reclamación judicial porque, en caso contrario, cualquiera que no participe en una lotería o juego de azar de cualquier tipo, una vez conocido el resultado, podría reclamar daños y perjuicios por el trauma causado por no haber ganado.

Hay una expresión periodística que de tan manida, tiene su gracia. Se trata de la vuelta a la normalidad. En este caso, son los juzgados los que vuelven a esa cosa, la normalidad, tras dos meses de huelga de sus funcionarios. Es decir, regreso a las mesas cargadas de expedientes en papel grapados con taladradora (sí, con taladradora), a los pasillos atestados de gente, a los juicios suspendidos mil veces por errores de comunicación, a los sistemas informáticos que no conocen aún inútiles fruslerías modernas como Windows, Internet o el correo electrónico, a la esclerosis funcional y al burocratismo decimonónico.

Un ejemplo puede dar idea de cómo está organizado (?) el aparato judicial en España, un prodigio de ultragarantismo y de elefantiasis administrativa. Veamos cómo funciona un juicio rápido en una materia tan frecuente como es la violencia doméstica en fin de semana en Madrid. La policía detiene al agresor, abre diligencias, le toma declaración y le pone a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia. Este abre Diligencias Previas, le interroga de nuevo y decide sobre su libertad o prisión preventiva. A continuación se inhibe a favor del correspondiente Juzgado de Violencia contra la Mujer, que abre un nuevo expediente, le vuelve a tomar declaración y organiza el juicio rápido. Si el acusado no está conforme con la petición de pena que formula el Fiscal, el asunto pasa a un Juzgado de lo Penal, que abre una nueva carpeta y celebra la vista oral. Una vez dictada sentencia, si alguna de las partes plantea recurso, el asunto asciende a una sección de la Audiencia Provincial.

Hasta aquí, el caso ha pasado por la policía y por cuatro órganos judiciales diferentes, y en cada uno de ellos con su burocracia correspondiente, toma de datos, notificaciones, fotocopias, paseo de papeles varios y amenísimas estadías en salas de espera, cuando las hay. Y esto sin contar con posibles recursos de casación ante el Tribunal Supremo o de amparo ante el Tribunal Constitucional. Todo por unas amenazas o lesiones leves. Si el delito es más grave, no les cuento. Y esto en la jurisdicción penal. Las hay más complejas, como la contencioso-administrativa.

El resultado es un enorme cartapacio rebosante de papel muerto cuyas tres cuartas partes apenas sirve más que para deforestar el Amazonas, en el que han intervenido decenas de funcionarios en trámites duplicados, en el que no se ha enviado ni recibido ni un solo correo electrónico y en el que las comunicaciones se han entregado en mano o por fax (sí, la chirriante maquinita de moda a finales del siglo pasado). En el sector privado, un esquema organizativo así acabaría con la multinacional más sólida en una semana. En nuestro sistema judicial, tras décadas de incuria y desinterés político, es la normalidad. 

La tarea de mantener este guadianesco blog tiene a veces derivadas curiosas. Se supone que esto sirve para contar a los lectores las cosas interesantes que le pasan a uno. Pero corriendo el tiempo llega un momento en que uno hace que pasen cosas interesantes para contarlas en el blog.

Esto viene a cuento de lo siguiente. Esta semana he asistido en Ámsterdam a la conferencia anual sobre Derechos y responsabilidades de los inversores institucionales que patrocina el despacho norteamericano Schiffrin Barroway Topaz & Kessler y que aborda asuntos tales como la participación activa de los inversores, la defensa de los intereses de los accionistas minoritarios y los principios de buen gobierno de las empresas.

Es habitual que muchas conferencias acaben con un conferenciante estrella, un keynote speaker, que dé lustre y altura al evento. En este caso se trataba de Kofi Annan, el tipo que ha ocupado hasta hace poco uno de los puestos directivos más difíciles del mundo. Como él mismo explicaba en su discurso con contagioso humor africano, imagine el lector que le toca presidir un consejo de administración formado por 192 miembros, todos celosos de su independencia, muchos de ellos enemistados a muerte, y teniendo que responder ante seis mil millones de personas. Tras un repaso a los principales conflictos geopolíticos mundiales, saltando de continente en continente como quien se pasea del salón a la cocina, la sesión acabó en el terreno más pedestre y distendido del cóctel.

Y fue allí donde, con el mitómano arrojo que me caracteriza y canapé en mano, lancéme en pos del ex Secretario General de las Naciones Unidas entre 1997 y 2007 y Premio Nobel de la Paz en 2001, para hacerle la improvisada microentrevista que transcribo a continuación:

Javier Muñoz: Sr. Annan, ¿puedo hacerle una pregunta?
Kofi Annan: Sí, por supuesto.
JM: ¿Cree que dará algún fruto el proyecto de Alianza de Civilizaciones que propugna el presidente de mi país?
KA: Sí, en una idea que propuso el presidente Zapatero y el primer ministro turco Erdogan, y a la que he prestado todo mi respaldo puesto que va en la dirección correcta. Todos los esfuerzos son pocos para sentar en la misma mesa a las diferentes civilizaciones, buscar sus puntos en común, encontrar lo que nos une y no lo que nos separa.
JM: Muchas gracias.
KA: Un placer, buenas noches.

No conozco prosa más plúmbea y aborrecible que la que utilizan las grandes empresas para dar a conocer sus ‘nombramientos y fichajes’, o los listados de consejeros en las cuentas anuales, con todos esos rimbombantes títulos, envidiables éxitos y aparatosas membresías, y ese tonillo de ‘aquí estoy yo, y qué contento estoy de haberme conocido”.

Kevin Gliwa, abogado especializado en propiedad inmobiliaria del despacho Otten Jonson, fue criado por pingüinos tras un accidente de barco en su niñez. Se licenció con calificación magna cum laude en la Universidad de Colby, donde aprendió que no todos los problemas pueden reducirse a blanco o negro. Se licenció en Derecho en la Universidad de Boston, a la que asistió gracias a una beca de fútbol debido a un error administrativo. Después, trabajó cuatro años como ayudante en un gran bufete de Nueva York, donde en una ocasión subió en ascensor a lo más alto del Empire State Building. Imparte frecuentes conferencias a sus hijos acerca de los más diversos temas. Disfruta de la natación y la pesca, a pesar de sus dolorosos recuerdos.

La “lentitud de la justicia” es una frase hecha, uno de esos tópicos conformistas que nos anegan y que solo sirven para adormecer el seso y refrenar cualquier voluntad de mejorar las cosas. Emulando algunos tópicos del cine policial (ya saben, en toda investigación policial que se precie, es necesario visitar como mínimo un club de striptease, el detective solo resuelve el caso después de que le retiran la placa, etc.), podemos enunciar algunas situaciones habituales de nuestros juzgados que conducen irremediablemente al retraso. Eso que la jerga forense, acercándose a la obstetricia, denomina la dilatación del procedimiento.

Así, por ejemplo, en cualquier juicio, las probabilidades de que haya un error en citación de alguno de los intervinientes principales tiende a 1. Si ha venido el testigo importante, no aparece el acusado, y viceversa, lo que conduce irremediablemente a la suspensión del juicio, y a la consiguiente dilatación. Por otro lado, la posibilidad de que el intérprete disponible sea del idioma que el juzgado necesita tiende a 0. Y así podríamos seguir un rato.

Pero hay otras causas de dilación judicial que no tienen que ver con la Ley de Murphy, sino con la desidia, la Spanish chapuza o la simple mentecatez. Ayer mismo sufrí la siguiente escena, perfectamente evitable, en un juzgado de Madrid. Comparecen dos testigos a contestar unas preguntas que les formula un juzgado de instrucción de Barcelona acerca de una estafa ocurrida en la ciudad condal. Los testigos han faltado a sus respectivos trabajos, se han molestado en llegar puntuales a la cita y allí están los pobres, esperando en un banco a la puerta de la sala. Al cabo de dos (sí, dos) horas, aparece un agente judicial y les comunica que hay un problema con el exhorto, que así se denomina al requerimiento enviado por el juzgado de Barcelona, y les manda para casa puesto que el trámite no se podrá efectuar. ¿El motivo? El exhorto y la lista de preguntas figuran en catalán, y no ha habido manera de encontrar un intérprete de la bella lengua de Espriu (con perdón por este otro tópico).

Desconozco la intención del juzgado barcelonés con semejante proceder, es decir, si pretende fomentar el uso del catalán fuera del territorio de Cataluña, promover la cooficialidad de dicha lengua en todo el orbe y los planetas limítrofes, o exigir el conocimiento del catalán en toda la Galaxia conocida. Parece claro que el responsable del desaguisado no se ha leído el artículo 231.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el articulo 36.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sino más bien algún manual de agit-prop nacionalista al uso. El caso es que habrá que repetir el trámite, uno más de los muchos que conforman una instrucción penal, el procedimiento se va dilatando como el mercurio de los termómetros en la canícula madrileña, y mientras, el presunto estafador va poniendo tierra de por medio, o los pies en polvorosa, por seguir con los tópicos.

En fin, si el lector desea verificar la predicción de la Teoría de la Relatividad Especial acerca de la dilatación del tiempo, no es necesario que pida cita en el Instituto Max Planck de Física Nuclear ni que reserve billete para el primer viaje intergaláctico. Le bastará con darse una vuelta por algunos juzgados españoles un lunes por la mañana. Comprobará que, hoy por hoy, la lentitud de la justicia va más allá del tópico: es una realidad científicamente constatable. Y ya lo dice otro tópico, este muy sabio: la justicia lenta no es justicia.

Foto | Bfraz

Hace poco aludíamos medio en broma al Derecho Polar como nueva especialización jurídica con el telón de fondo del cambio climático. Pues bien, un ayuntamiento de Alaska acaba de acaba de demandar a Exxon y otras cuantas compañías eléctricas y petroleras, por su contribución al calentamiento global. Los munícipes denuncian que la capa de hielo les protegía, ya que la economía local se basaba en la pesca de salmón y la caza de focas. Al fundirse el hielo la primavera llega antes y las olas provocadas por las tormentas dañan la costa e impiden la caza.

Ante esto hay quien se pregunta lo siguiente. Si, como parece claro, las compañías energéticas causan daños al medioambiente y de forma indirecta perjudican los intereses de los demandantes, ¿no deberían estos demandarse también a sí mismos? Supongo que los intrépidos alascanos, salvo que vivan en la Edad de Piedra, se calientan con combustibles fósiles, viajan en vehículos a motor (aunque sean motonieves) y generan basuras, como todo quisque. Los letrados que han redactado la demanda habrán consumido lo suyo en transportes, electricidad, etc. Todos, en mayor o menor medida, contribuimos al calentamiento de la atmósfera y sufriremos – sufrimos ya – sus efectos.

En todo caso, si la demanda prospera, y otros tribunales se suben al carro indemnizatorio, no es difícil figurarse la nube gigante de pleitos que se cierne sobre el planeta cuando el nivel del mar comience a elevarse y los propietarios de hoteles y propiedades en las playas del mundo se empiecen a mojar los pies. ¿Estamos en vísperas de la tormenta jurídica perfecta?

Fuente | Slashdot

Una sola frase constituyó la pifia más monumental que se recuerda en el mundo de los grandes litigios corporativos internacionales:

 “Me estoy hartando de mentir sobre la extensión de nuestras reservas”, escribió en un mal día de noviembre de 2003 Walter van der Vijver, responsable de producción de la petrolera Shell, en un correo electrónico dirigido al presidente de la compañía. El mensaje salió a la luz en una investigación interna que desencadenó un escándalo de colosales proporciones, obligó a la multinacional a recortar en más de un 20% sus reservas declaradas de petróleo, más de cuatro millones de barriles, y originó una lluvia de demandas de los accionistas defraudados a los dos lados el Atlántico.

La hecatombe corporativa sirvió de forja para una modalidad de litigio internacional, una sofisticada muestra de ingeniería jurídica: el llamado ‘modelo Shell’ de acción de clase internacional que consiste en lo siguiente.

Los abogados de los accionistas europeos de Shell se unieron a una demanda colectiva entablada en los tribunales de EE.UU., reclamando una indemnización por daños punitivos, típicamente estadounidense. Al mismo tiempo, interpusieron una acción en los Países Bajos, uno de las pocas jurisdicciones europeas en las que cabe presentar demandas de clase cuyos efectos alcancen a una pluralidad indeterminada de perjudicados, aunque no participen en el pleito. Finalmente consiguieron llegar a un arreglo extrajudicial en Holanda.

Es decir, aprovecharon todas las ventajas de litigar en Estados Unidos, sin riesgo de condena en costas (allí no existen),  reclamando agresivamente sanciones punitivas gigamillonarias en juicios con jurado. Esto les sirvió para presionar a la petrolera demandada y, solventar luego el asunto amistosamente en campo propio, como así ocurrió. La ejecución de la transacción extrajudicial, y el pago de la sustanciosa indemnización, corrió a cargo de la más sosegada jurisdicción holandesa. Todo un pleito-bumerán con itinerario trasatlántico.

El experto Michael Goldhaber se pregunta atinadamente en este artículo si Ámsterdam podría convertirse en la capital europea de las demandas colectivas.

Todavía estoy frotándome los ojos tras leer esta pasmosa transacción extrajudicial que han conseguido en Estados Unidos los abogados de los consumidores de VigRx, un suplemento dietético que supuestamente servía para alargar el pene y que comercializaba una oscura empresa de spam. Se trata de una demanda colectiva a la que pueden unirse los usuarios defraudados por el producto, y que ha finalizado mediante un acuerdo amistoso entre los demandantes y la compañía demandada.

Quienes se unan al pleito, podrán obtener como indemnización un reembolso de 10 dólares, o un “paquete de prestaciones alternativas” de un valor superior. Estas prestaciones consisten en una suscripción a un antivirus, cupones de descuento en diversos establecimientos y – aquí viene lo bueno - un acceso de tres meses a los vídeos de la Liga de Lucha Libre entre Mujeres Desnudas en Nwwl.com, y una descarga gratuita del manual electrónico Pene de Acero.

Los estudiantes de derecho civil recordarán que el primordial principio jurídico que rige la reparación o resarcimiento de los daños y perjuicios reside en la reparación integral. Este principio obliga a los jueces a lograr la más perfecta equivalencia entre los daños sufridos y la reparación obtenida por el perjudicado, de tal modo que éste acabe situado en una situación lo más parecida posible a aquélla en la que se encontraría si el hecho dañoso no se hubiese producido.

En el caso que nos ocupa, si usted compró VigRx por Internet tras recibir un correo no solicitado y no está contento con el resultado, no lo dude: súmese a este pleito y podrá descargarse la utilísima obra citada y ver gratis cómo las mejores luchadoras se dan de mamporros en pelota picada sobre el cuadrilátero. Esto sí es una «restitutio in integrum»…

Actualización: Perdón por la autoreferencia, pero me ha gustado cómo han reseñado esta anotación en el programa televisivo Cámara Abierta 2.0 de La 2, hacia el minuto 3:30.