Una mala idea: invitar a tus compis del cole a tu fiesta de cumpleaños y dejar fuera a dos niños que te caen gordos.

Una idea pésima: que las autoridades académicas te confisquen las invitaciones por discriminación contra dos compañeros.

Una idea merecedora de portada en este blog: que tan trascendental conflicto jurídico acabe en el Parlamento sueco, y éste finalmente dictamine, tras sesudas deliberaciones, que los escolares pueden invitar a sus celebraciones a quienes les dé la gana.

He aquí otro curioso suceso autorreferente en el mundo del Derecho. Un patent troll, o secuestrador de patentes, es un turbio empresario que compra patentes a precios de saldo a empresas en apuros económicos y a continuación se dedica a sacarle los cuartos en vía judicial a otras compañías que utilizan la invención patentada, con o sin razón.

La idea es hacerse con patentes baratas y luego exigir a sus usuarios el pago de derechos aunque el troll realmente no tenga intención de fabricar ni desarrollar la tecnología en cuestión. Microsoft se vio obligada a cambiar el diseño de su navegador Explorer para sortear la demanda de un patent troll. Otro tanto le pasó a RIM, que a punto estuvo de retirar su celebérrima Blackberry por las presiones de otro de estos polizones del sistema.

Muchas patentes aparentemente ridículas, como el método para pintar usando el trasero de un bebé, un sistema para contabilizar la cola de espera para entrar en el aseo, o un filtro para el gas humano, se solicitan con la finalidad de extorsionar a futuros usuarios de buena fe.

Pero la industria contraataca. El gigante norteamericano Halliburton ha solicitado una patente que reivindica un método de “adquisición de patentes por un no-inventor y su posterior ejecución contra otra entidad”. Como se indica en el gráfico, el proceso consiste en adquirir una patente, redactar una reivindicación dentro del ámbito de la patente que sea lo suficientemente amplia como para cubrir el producto de una determinada empresa, presentar la reivindicación ante la oficina de patentes y a continuación entablar una demanda por infracción contra esa empresa.

En definitiva, Halliburton, harta de sufrir los ataques de trolls de patentes, pretende ahora patentar el trolling de patentes. Salvo que la patente sea un chiste en sí, cosa bien posible, esta curiosa jugada especular pretende proteger a Halliburton frente a tan latosas criaturas y sus patentes abusos de las patentes, valga el trabalenguas. Si alguna osa demandar a la empresa esgrimiendo una patente, Halliburton no tiene más que reconvenir o contrademandar por ¡vulneración de su patente sobre el trolling de patentes!

Quien crea que en el sector jurídico no hay I+D, está muy equivocado. Last Call es un programita gratuito para el iPhone que permite al usuario calcular su nivel de alcohol en sangre y verificar si está listo para conducir sin rebasar los límites legales.

La idea es que mientras uno se acoda en la barra y va pimplando cubalibres a go-go, vaya al mismo tiempo anotándolas en el artilugio, de modo que antes de perder la siempre deseable verticalidad y los correspondientes puntos en el carnet, una alarma nos alerte sobre nuestro miserable estado.

A continuación, podremos utilizar el propio iPhone para localizar un taxi cercano o incluso, y aquí viene lo bueno, para contactar en directo con un abogado especializado en alcoholemias si el conductor se topa con la autoridad y la cosa se pone realmente fea.

En fin, tan innovador dispositivo exige una rutina que se me antoja tan improbable como difícil de importar a las tradicionales y conocidas etapas de la curda española: precopeo, copeo, facilidad de palabra, exaltación de la amistad, cantos regionales, negación de lo evidente, tuteo a la autoridad, insultos al clero y delirium tremens. ¿En qué punto de tan infalible sucesión de actos ha de insertarse la ‘consulta al alcoholímetro del iPhone’?

Al sureste de Turquía existe una ciudad denominada Batman, cuyo alcalde, Hüseyin Kalkan, se ha propuesto demandar judicialmente al director de la película El Caballero Oscuro por uso ilegítimo de nombre.

Nuestro valeroso munícipe se enfrenta, sin aptitudes sobrehumanas de ninguna clase, a la injusticia de ver cómo el topónimo de su ciudad ha sido arrebatado por un adinerado caballerete encapuchado con pinta de murciélago, que se pasea en un vehículo no homologado, se refugia en una baticueva y mantiene una dudosa relación con su ayudante menor de edad.

Por si fuera poco para la noble y centenaria villa turca, los batmanienses que viven en el extranjero, especialmente en Alemania, no pueden usar Batman como denominación comercial de sus restaurantes o negocios, ya que rápidamente se ven rodeados por los abogados de la productora que posee los derechos de propiedad intelectual correspondientes.

No sabemos si el humilde edil turco logrará derrotar a los esbirros del pintoresco superhéroe de Gotham. Su destino parece ligado al de Joker, el superenemigo que ineluctablemente acaba derrotado en cada aventura. Pero ya antes otros alcaldes han conseguido enfrentarse a poderes superiores y defender su honor con éxito, como el de Zalamea en el Siglo de Oro español. 

Si Pedro Crespo consiguió vengar el ultraje sobre su hija prendiendo, juzgando y ajusticiando al pérfido y abusón Don Álvaro dándole garrote, ¿por qué no podría hacer lo mismo el alcalde de Batman? Desde aquí le deseamos buena suerte en turco: ¡Iyi sanslar!

He aquí unos funcionarios verdaderamente perspicaces, de esos a los que no se les ‘pasa ni una’. La administración sueca en materia de tráfico, que como el lector bien sabe, se llama Vägverket, ha denegado una solicitud de matrícula de coche un tanto peculiar. A primera vista, parece una mera combinación aleatoria de letras, X32IARO.

Pero si se lee al revés, como es habitual cuando se hace a través del espejo retrovisor, X32IARO reza, nada menos, ORALSEX. El solicitante - convengamos que un tipo bastante guasón - se ha quedado compuesto y sin matrícula.

Sorprende el celo que dedican las autoridades suecas, conspicuamente liberales en todo lo demás, a la vigilancia del orden público y las buenas costumbres en carretera. La resolución administrativa, empero, no prohíbe al solicitante su práctica amatoria favorita, sino solo su exhibición a efectos identificativos de su vehículo. Suponemos, por último, que la decisión se ha notificado por escrito, evitando la más insegura vía oral.

Si eres abogado o similar y estás en Madrid el miércoles [5-11-08] 3 de diciembre, te esperamos en The Irish Rover (zona de la 'biblioteca'), en Avenida del Brasil 7, a partir de las 20 h. La entrada es gratuita.

No hace falta confirmar asistencia, pero puedes apuntarte al grupo en Facebook. Si la cosa no sale demasiado mal, repetiremos los primeros miércoles de cada mes.

Actualización: Se suspende la primera convocatoria de noviembre (coincide con fútbol en el cercano estadio Bernabéu y el consiguiente colapso circulatorio) y queda aplazada para el 3 de diciembre a la misma hora. Disculpad el mareo.

Los sufridos usuarios de los autobuses madrileños lo tienen cada vez más crudo. Si no pagan el elevado precio del billete, pueden acabar esposados y escoltados por la Guardia Civil, como ilustra la foto insertada por algún duende muy cachondo escondido en la redacción del ABC.

Queda claro que las arcas de los ayuntamientos no están para bromas.

¿Por qué un juez puede exigir a cualquier empresa que identifique a un trabajador que ha cometido un acto ilícito, o a una proveedora de gas natural para que desvele al titular de un contrato de suministro, o a un banco para conocer al titular de una tarjeta de crédito, y en cambio, nos llevamos las manos a la cabeza cuando se trata de un usuario de Internet?

Hace tiempo que no tocamos aquí ningún asunto relativo a la propiedad intelectual en la Red, un campo muy trillado en el que abundan los blogs especializados y donde mejores doctores tiene la Iglesia. Uno de éstos es Ricardo Gómez Cabaleiro, inmerecido lector de este blog y perseverante defensor de los autores frente al ciberexpolio masivo y los - a veces peregrinos - argumentos que lo amparan. Ricardo nos envía este artículo, publicado hace poco en Profesiones, en el que da respuesta a estas y otras incómodas preguntas.

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El lector curioso seguramente recordará el caso del senador estadounidense que demandó a Dios por causar 'catástrofes' en el mundo.

No nos referimos a la entidad mercantil de la foto, cuyos gerentes no andan precisamente escasos de autoestima, ni a ninguna de las reclamaciones interpuestas contra Google, el coloso de Internet cuyo poder sobre mentes y almas ya recibe frecuentes analogías con el Altísimo, sino a una reclamación interpuesta directamente contra el Todopoderoso.

En su escrito, el senador acusaba a Dios de haber causado "espantosas inundaciones, egregios terremotos, horrendos huracanes, terroríficos tornados, perniciosas plagas, feroces hambrunas, devastadoras sequías, y guerras genocidas".

Hoy nos enteramos (¡gracias, Miguel Ángel!) de que un juez ha rechazado finalmente la demanda, por un motivo procesal bastante comprensible: no hay manera de encontrar al Demandado (aquí, sí, con mayúscula) en un domicilio concreto y por tanto, de seguir adelante el pleito Aquel sufriría indefensión.

Todo parece un gran chiste del senador para llamar la atención sobre las deficiencias del sistema judicial estadounidense, donde cualquiera puede demandar literalmente a cualquiera y plantear las peticiones más estrafalarias.

El problema del demandante, a mi modo de ver, es que ha escogido mal el foro. ¿A quién se le ocurre acudir a la justicia nebrasqueña para formular una demanda tan manifiestamente insostenible? ¿Por qué no la presentó ante el juez Garzón? ¿No sabe que de las investigaciones del indómito magistrado español no se libra ni Dios?

El paro de secretarios judiciales convocado para hoy, y la acompañante pseudohuelga de jueces es un lamentable despropósito corporativista. Harían bien sus señorías en hacerse la pregunta que ya puso Cervantes en boca de la dueña Dolorida:

¿Qué locura o qué desatino me lleva a contar las ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías?

Los superferolíticos secretarios afirman que su paro de tres horas no tiene por objeto reivindicar la retirada de la sanción a la secretaria del juzgado del caso Mari Luz, Juana Gálvez, sino “exigir reformas en la Administración de Justicia”. Excusatio non petita, acusatio manifiesta, que diría el cursi, que traducido a gramática parda viene a significar que “el que se excusa se acusa”.

Veamos, ¿hay alguien que no esté de acuerdo en que la justicia española es un desastre crónico de dimensiones siderales, por su calamitosa falta de organización, su ridícula asignación presupuestaria y su inexistente o patética informatización? Si esto viene siendo así desde hace lustros, ¿cuántas huelgas o pseudotales han convocado hasta la fecha los señores secretarios? ¿Por qué casualmente lo hacen ahora que uno de ellos ha sido sancionado por haber dejado suelto durante dos años a un pederasta condenado en firme con la espeluznante consecuencia que todos conocemos?

Habrá que ver la cara que se les ha quedado hoy a los miles de ciudadanos que tras esperar durante meses o años a un juicio en el que van a ventilarse sus problemas económicos, familiares o laborales, han tenido que volverse a casa por el mismo camino por culpa de unos huelguistas que dicen defender los intereses de aquellos pero solo defienden los propios. Y en particular, ¿quién y cómo le va a explicar esto al padre de la niña asesinada?

Si querían protestar por los males de la Justicia, han elegido la peor oportunidad. La protesta contra la sanción a su compañera no es la gota que colma el vaso (como señala mi admirado Sevach, con quien tengo que disentir esta vez), sino un descarado intento de orillar la grave desatención cometida por su compañera en el caso Mari Luz so capa de la escasez de medios.

Si hiciéramos caso a sus tesis, el cirujano que se equivoca de riñón podría descargarse de responsabilidad vertiéndola sobre la masificación de la Sanidad, el conductor borracho que atropella a una anciana podría aducir la mala señalización del paso de cebra, el abogado que llega tarde a un juicio podría esgrimir que el autobús llegó tarde, etc.

Una cosa es que la calamitosa situación del juzgado sea tenida en cuenta en descargo o como atenuante de la responsabilidad de la secretaria sancionada, cosa razonable, pero otra bien distinta es que sus colegas improvisen una huelga sin servicios mínimos y con toma de rehenes (los ciudadanos, claro), en plena conmoción social por un gravísimo fallo judicial. ¿No había otra forma, y sobre todo, otro momento, de protestar?

Ya queda menos para que se apruebe la ley del desahucio exprés que se supone que agilizará el mustio mercado del alquiler de viviendas. Albricias. Solo queda saber cómo se llamará la criatura legislativa que permitirá sacar rápidamente de las orejas a los inquilinos que no pagan la renta.

Es conocida (y bastante cómica) la orwelliana propensión que sufre el legislador a bautizar las leyes procesales con nombres que evocan velocidad, prontitud y presteza. Casi todos los pleitos penales se tramitan como procedimientos abreviados, diligencias urgentes o juicios rápidos.  Hasta el proceso más lento y pausado se llama, en epatante demostración de la curvatura espacio-tiempo, el sumario. Lo mismo ocurre en los litigios civiles, con sus procesos verbales (en los que todo queda por escrito) y sus ejecutivos, o en los contencioso-administrativos, que tampoco se libran de su proceso abreviado, etcétera.

Sufrimos los procesos judiciales más lentos de Europa (yo diría que de todo el Orbe conocido) pero, eso sí, tienen unos nombres muy galácticos, que de solo mencionarlos parece que ya han terminado. Lo difícil es luego explicar a un cliente por qué su procedimiento abreviado lleva siete años acumulando polvo en el juzgado, o su divorcio exprés se está alargando más que las guerras púnicas.

En todo caso, me apunto al voluntarismo semántico, que es francamente divertido y resulta mucho más barato que dotar a los juzgados de herramientas informáticas de este siglo. Allá va mi propuesta de nombre para la prometida ley de desahucios:

Anteproyecto de ley de reforma urgente por el que se establece un procedimiento inmediato, ultraabreviado y de expulsión instantánea en vía ejecutiva de inquilinos morosos mediante el acelerador de partículas LHC.

Si el amable lector tiene alguna otra sugerencia de nombre, le ruego que la deje en los comentarios.  ¡Y no olviden vitaminarse y supermineralizarse!

Engañar a los hombres de uno en uno es bastante más difícil que engañarlos de mil en mil. Por eso el orador tiene menos mérito que el abogado.

Este ciudadano ruso fue sorprendido conduciendo un vehículo, digamos no homologado por la vía pública. Por lo visto no es nada extraordinario ver cosas así por allá, como demuestran estas fotos de pintorescas situaciones policiales en los países exsoviéticos.

Vía Boing Boing.

Ahora que la crisis arrecia, el respetable está divorciándose menos, seguramente asustado ante los inevitables costes del proceso y en particular ante la peliaguda perspectiva de vender la casa en plena hecatombe inmobiliaria y poder partir peras como es debido. La vivienda conyugal suele ser una propiedad proindivisa, es decir, que por definición no se puede dividir con una sierra.

Salvo que usted viva en Camboya y haga como estos aguerridos y salomónicos excónyuges, que decidieron dividirse la casa literalmente. La porción de la foto es la que ha correspondido a la esposa, mientras que el esposo se ha mudado con su trozo a otro barrio de la ciudad.

Siempre me ha parecido graciosa la frase con la que pretenden amedrentar los famosuelos del cuché a sus rivales cuando se fingen insultados o calumniados: “Esto está ya en manos de mis abogados”. Así, en plural, cuando realmente solo haya un letrado, o incluso ninguno, a cargo de los intereses del sujeto en cuestión. Pero decir mis abogados evoca un batallón de fusileros prusianos presto para el ataque, mientras que mi abogado no suena tan belicoso, y claro, lo primero acongoja más.

Si el amable lector quiere pronunciar alguna vez la frase: “Esto está en manos de mis ochenta y seis abogados”, no tiene más que seguir estas sencillas instrucciones:

1. Múdese a una remota aldea africana y cásese 86 veces. Sí, con 86 mujeres, a razón de un matrimonio con cada una de ellas.


2. Viva con ellas. Exacto, con las 86.


3. Tenga 170 hijos. Esto no es preceptivo, pero verá la alegría y el sano alboroto infantil que traen a su hogar.


4. Espere a que un tribunal islámico le condene a muerte por sobrepasar (notablemente, diría yo) la cifra máxima de casamientos por barba que dispone el Corán.


5. Organice una coalición de derechos civiles, acuda al juicio con sus 86 esposas, y haga que cada una de ellas venga acompañada de su correspondiente letrado, para defender uno por uno, cada respectivo vínculo matrimonial, del primero al octogésimo sexto.

Quizá el plan le parezca asaz alambicado. Pero otros lo han conseguido ya, como Mohammadu Bello Abubakar, un brioso nigeriano de 84 años que sin duda hace honor a su primer apellido. Si él pudo, usted también. ¡Ánimo!