Si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la justicia. (Aristóteles).

¡Feliz y próspero año 2006!

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Dentro del festival Sevilla Entre Culturas, los organizadores de Copilandia proponen calzarse el sombrero pirata y subir estos días a bordo de un barco anclado en el Guadalquivir para "abolir durante diez días la propiedad intelectual". El programa (pdf) incluye múltiples charlas, talleres y colaboraciones multimedia de artistas copyleft.

La presentación adopta el tono belicoso que ya parece inevitable en este tipo de manifestaciones: "Las asociaciones de gestión de derechos y los conglomerados del entretenimiento (...), intoxicados por unos beneficios en pleno crecimiento, se están organizando en un esfuerzo conjunto para atacar el uso justo de la propiedad intelectual. (...). Lo que estos fatuos títeres de la industria del espectáculo se niegan a reconocer es el hecho indiscutible de que la materia prima del arte es el propio arte (...)".

La versión inglesa es aún menos cariñosa: "What these lobotomized pawns of the infotainment industry refuse to recognize (...)".

Parece imposible organizar un evento en defensa de algo sin ir contra alguien, sin llamarle, como mínimo, fatuo títere o peón lobotomizado. Pero lo más sorprendente es que este evento pretendidamente contracorriente cuenta con patrocinadores tan contraculturales y antisistema como el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla, la Junta de Andalucía, un par de cajas de ahorros y hasta ¡El Corte Inglés!

Más información | Incongruente, Zemos98, Mentiras Piadosas, Menéame, Mediateletipos, Mangas Verdes

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La revista Emprendedores, editada por Hachette Filipacchi, cumple cien números y lo celebra con un especial sobre negocios y empresas jóvenes con futuro, entre los ha incluido a nuestro proyecto. Enhorabuena por lo primero y muchas gracias por lo segundo.

El dossier ofrece, como señala su director, Alejandro Vesga, "100 pruebas, con nombres y apellidos, de la capacidad de empuje y renovación de nuestro tejido empresarial". Un saludable chorro de optimismo y motivación para quienes militamos en la soldadesca pyme. ¡Ya en su quiosco!

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Hoy, 28 de diciembre, el Consejo General del Poder Judicial ha decidido lanzar un ambicioso programa de imagen institucional que tiene por objeto hacer más atractiva la Administración de Justicia ante los ciudadanos. Como primer paso de esta importante actualización, se ha procedido a sustituir la representación tradicional de Themis, diosa de la virtud y la Justicia, por la de la versión femenina de La Masa, personaje del célebre cómic de Greg Horn editado por Marvel.

La heroína aparece ataviada con los atributos tradicionales de su predecesora: la espada, señal de poder; la balanza, símbolo de equilibrio; y la venda en los ojos, que representa la imparcialidad al juzgar y la independencia ante los demás poderes del Estado.

En círculos jurídicos se alaba la reforma y se comenta que la mejora es evidente, aunque algún colectivo feminista ha expresado sus reservas.

Actualización: Más noticias propias de la fecha de hoy en La Tejedora, Blogpocket, Motor Pasión, Visto en TV, Genbeta, Punto y Aparte, Electroduende, Atalaya, Píxel y Díxel y Microsiervos.

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Ya está aquí, ya llegó a España la Ley Antitabaco. A partir del 1 de enero, los ahumadores de pulmones ajenos lo tendrán un poco más difícil, al menos sobre el papel, y nuestro país se acercará un centímetro más al mundo civilizado. No se podrá fumar en hospitales, aviones, oficinas de la Administración, colegios, universidades, instalaciones deportivas... Alto, oiga, ¿pero eso no estaba ya prohibido?

Pues sí que lo estaba. Nada menos que en los Reales Decretos 192/1988, 1293/1999, 510/1992, 1185/1994, 1079/2002, 2198/2004, las Leyes 34/1988, 25/1994, 22/1999, y en una miríada de reglamentos autonómicos y municipales.

Entonces, si un sinnúmero de fumadores no hace caso a las normas ya vigentes, ¿qué les moverá a cumplir la nueva, que además amplía la prohibición a los centros de trabajo? Pues a mi modo de ver, varios factores:

• Un régimen creíble y homogéneo de infracciones y sanciones. Quien fume en determinados lugares estará vulnerando el Derecho, y podrá y deberá ser multado por ello. El palo y la zanahoria, vamos.


• Un nuevo ambiente de seguridad jurídica. Todos, fumadores y no-fumadores, conoceremos lo señalado en el primer punto porque así lo dispondrá una ley clara y comprensible.


• Una ampliación de los responsables de estas infracciones más allá de los propios fumadores hasta los titulares de locales y establecimientos, a través del mecanismo de la culpa in vigilando.


• La mano invisible del mercado. Muchos nos uniremos a lo que me atrevo a bautizar como "Club de los 101 Metros Cuadrados". Acudiremos siempre que podamos a bares y restaurantes donde, por razón de su superficie, no vayamos a tragar el hollín de los cigarrillos. Los hosteleros con más de cien metros accederán a una clientela sumergida hasta ahora (los no-fumadores que no entraban jamás en establecimientos atestados de humo), ganarán más y ello animará incluso a muchos dueños de locales de menos de cien metros a optar por la prohibición. Un círculo virtuoso. Sólo perderán negocio los fabricantes de lavadoras, cuyos clientes no-fumadores dejarán de echar toda la ropa a lavar cada vez que vuelvan de una discoteca.


• El carácter contagioso del civismo. Está demostrado que cuando una calle está limpia, sin un solo desperdicio en el suelo, cuesta mucho psicológicamente ser el primero en ensuciarla. En cambio, cuando el suelo ya está lleno de papeles, resulta más fácil tirar otro, aunque se trate en uno y otro caso del mismo acto. Lo mismo ocurrirá con el tabaco en los lugares públicos.
  

Estos no son más que vaticinios, propios de la fecha. Es bien posible que suceda todo lo contrario. Pero el optimismo es también propio de la fecha, ¿no?

Otros artículos con mejor criterio en: ESTRATEgA, El Blog Salmón y Markarina

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Un tribunal de Texas acaba de inadmitir una demanda civil formulada contra Joseph Ratzinger por una supuesta conspiración junto con la Archidiócesis de Galveston-Houston para encubrir los abusos sexuales sufridos por tres menores a mediados de los noventa. Como cabía esperar, el juez ha declarado la inmunidad del demandado, por razón de su cargo actual.

Los demandantes argumentaban que Benedicto XVI es meramente el líder de una organización religiosa. Olvidaron el nada nimio detalle de que también es un jefe de Estado, la Santa Sede, y que como tal, con arreglo a la legislación de prácticamente todos los países desarrollados, tiene inmunidad absoluta, con independencia de que sus actos fuesen 'oficiales' o a 'título privado'.

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A algún sabio distraído del centro Sloan-Kettering de investigación del cáncer se le ocurrió bautizar a un gen maligno con el nombre de Pokémon. Una idea de lo más simpática y geek si no fuera porque la denominación coincide con una de las marcas más protegidas y valiosas del planeta, propiedad de Nintendo, a cuyos responsables no les ha hecho ninguna gracia que se asocie a sus videojuegos con la temible enfermedad.

Un par de llamadas de los abogados de la multinacional han bastado para que los investigadores (me los imagino con cara de susto, con un aire entre el doctor Bacterio y el profesor Tornasol) cambien el nombre por el más aséptico "Zbtb7".

Por cierto, ¿alguien sabe por qué Pokémon lleva ese horrible acento en la e?

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Los amantes del boato, la pompa y la circunstancia no pueden perderse el Reglamento 2/2005, de Honores, Tratamientos y Protocolo en los Actos Judiciales Solemnes que acaba de aprobar, bien entrado ya el siglo XXI, el órgano de gobierno de los jueces. Toda una joya de la literatura barroca.

Léase por ejemplo el artículo 34.4: "Los/las Vocales del Consejo General del Poder Judicial, en actos protocolarios solemnes que se celebren en estrados, usarán toga con vuelillos sobre fondo negro, con la medalla e insignias del Consejo General del Poder Judicial y condecoraciones." Delicioso, por cierto, el contraste entre el políticamente correcto "los/las" y la descripción del vestuario estilo Madame de Pompadour que le sigue.

Pero el artículo 22, relativo al desarrollo del acto de toma de posesión de magistrados de la máxima jerarquía, resulta aún más versallesco. Dice así:

1. El Presidente o Magistrado que va a tomar posesión esperará fuera del Salón de Plenos o de la Sala de audiencia.


2. Quien presida anunciará el acto bajo la fórmula: Audiencia pública. Acto de (juramento o promesa y) toma de posesión de Su Excelencia/Su Señoría Ilustrísima D./D.ª.


3. A continuación invitará a la persona que apadrina a salir, con la fórmula: Su Excelencia/Su Señoría Ilustrísima D/D.ª se servirá salir para acompañar a su apadrinado o apadrinada.


4. Quien apadrine y al nuevo Presidente o Magistrado se colocarán frente a la Sala de Gobierno y saludarán con una leve inclinación de cabeza, primero a la Sala de Gobierno, segundo a los miembros del Tribunal situados a su izquierda, a continuación a su derecha y, por último, al público presente.


5. Quien presida dará la palabra al Secretario de Gobierno para la lectura del Real Decreto de nombramiento.


6. De haber juramento o promesa, quien presida invitará al nuevo Presidente o Magistrado a que preste juramento o promesa ante la Constitución. (...) Hecho lo anterior, invitará a quien apadrine a que imponga la medalla y, en su caso, placa, con la siguiente fórmula: sírvase imponer a su apadrinado/a las insignias del cargo.


7. Quien presida dará posesión al nuevo Presidente de la Audiencia Nacional o Tribunal Superior de Justicia con la siguiente fórmula: Su Excelencia/Su Señoría Ilustrísima se servirá ocupar la presidencia de este Tribunal. Fuera de ese caso se empleará la siguiente fórmula: Su Excelencia/Su Señoría Ilustrísima puede sentarse en los estrados en señal de toma de posesión.


8. De ser miembro nato de la Sala de Gobierno, tomará asiento junto con el resto de sus miembros. (...)

Solo falta un fondo de cortesanos con pelucas empolvadas cuchicheando entre cortinajes rococó, mientras suenan los acordes de un divertissement de Jean-Baptiste Lully. El protocolo de la justicia española, punta de lanza de la modernidad, no se merece peor música.

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A nuestro servicio de consulta legal llegan a veces preguntas que, con la ayuda de algún editor voluntarioso, darían para publicar unos cuantos relatos policiacos, algún vodevil y bastantes dramas sentimentales. Hace pocos días nos ha llegado una consulta especialmente llamativa, que además plantea un peliagudo dilema moral.

El cliente expone una serie de dudas jurídicas en materia hereditaria y de sucesiones, y a continuación anuncia de forma meridianamente clara su propósito de suicidarse. Su idea es dejar todos los cabos legales atados en cuanto al destino y reparto de sus bienes. Para ello, nos ruega que nos limitemos a nuestra labor de asesoramiento, y nos exige que no intentemos convencerle para que cambie de opinión ni llamemos a sus familiares ni a los servicios sociales.

¿Qué hacemos con esta consulta? La resolución de una duda jurídica no es un acto profesional aséptico como, digamos, reparar un neumático. Si contestamos, resolviendo las dudas testamentarias de nuestro atribulado cliente, restándole así cosas que hacer de su particular lista de últimas tareas ¿no estaríamos contribuyendo de alguna manera a su propósito último, acercándonos peligrosamente al delito de cooperación al suicidio?

En cambio, si optamos por no responderle, le devolvemos los honorarios, haciendo uso de nuestra libertad para rechazar cualquier asunto, e intentamos que no se quite la vida comunicando a la policía el nombre, dirección y demás datos del cliente, éste podría acusarnos después de vulnerar el secreto profesional.

En un caso como éste no ayuda demasiado el Código Deontológico de la Abogacía, que para los casos excepcionales de suma gravedad en los que, la obligada preservación del secreto profesional, pudiera causar perjuicios irreparables, nos obliga a pedir consejo al Decano del Colegio de Abogados, pero no dice cuál debería ser ese consejo. ¿Cuál nos daría el lector?

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El alcalde de Biritiba Mirim, una ciudad de 28.000 habitantes cercana a Sao Paulo, está promoviendo una ordenanza que prohíbe fallecer. Consultada la fuente, comprobamos que no se trata de un caso más de diarrea intervencionista o delirio burocrático, sino de una innovadora modalidad normativa: la ley-protesta.

El gobierno federal brasileño impide al ayuntamiento ampliar el cementerio local por motivos urbanísticos, y tampoco le permite instalar un crematorio, esta vez por motivos medioambientales. Puesto que no queda espacio en todo el término municipal para enterrar a más convecinos, al consistorio no le ha quedado otra que multar a quienes agraven el problema yéndose al otro Barrio. Un ingenioso ejercicio de ironía legislativa.

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La deformación profesional tiene su lado entretenido. Esto de buscarle el ángulo jurídico a todo lo que se mueve, sube, baja o respira le obliga a uno a estar siempre alerta. Por ejemplo, cuando un tenista gana un partido crucial y, llevado por el entusiasmo, lanza la pelota e incluso la raqueta al público, siempre acabo preguntándome qué pasaría si le diese en todo el colodrillo a algún espectador y le dejase maltrecho. ¿Podría la víctima denunciar al jugador por lesiones? Y en tal caso, ¿podría este defenderse alegando que el riesgo de que te caiga una raqueta encima resulta previsible, inherente al juego, y es asumido previa y voluntariamente por los espectadores cuando compran la entrada?

Pues ya tenemos una sentencia al respecto, aunque norteamericana y relativa a otro deporte de bola. Un tribunal de Filadelfia acaba de rechazar la demanda interpuesta contra el equipo de béisbol local por un aficionado que, mientras presenciaba el juego, recibió un pelotazo lanzado a la grada por un jugador entusiasmado por un lance del partido. El magistrado ponente despacha el pleito no sin cierta gracia: "Ciertas actividades, aunque no cuenten con el respaldo concreto de las autoridades deportivas, se han convertido en parte integral de la asistencia a un partido de béisbol, como los perritos calientes, las palomitas y la costumbre de estirar las piernas tras la séptima entrada."

En un voto particular, otro magistrado arguye que si se aceptase este tipo de actos como riesgos inherentes al juego, ello supondría dar carta de inmunidad a todo jugador que quiera lanzar objetos al público.

Desconozco si hay jurisprudencia al respecto en España. (Si algún lector conoce algún caso, le ruego que nos lo cuente en los comentarios). Aquí el hábito en nuestro deporte rey suele ser el inverso: es el respetable el que arroja proyectiles a los jugadores, una actividad que también implica cierto ejercicio físico y que además entronca con la inveterada tradición tauromáquica del lanzamiento de almohadillas.

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