Una curiosa noticia fechada en Rumania nos ilustra sobre lo tortuosa que se vuelve en ocasiones la búsqueda de las pruebas del delito. Una joven descuidera fue descubierta in franganti por la policía sustrayendo un teléfono móvil. Tras el correspondiente cacheo, el aparato no apareció entre sus ropas. Pero no había duda de que el móvil estaba en su posesión, pues al marcar el número sonaba el tono de llamada muy cerca.

Una inspección médica en comisaría reveló que efectivamente el móvil estaba escondido muy pero que muy cerca: la ágil ratera se lo había introducido por la vía más heterodoxa que imaginar quepa. Digamos que Quevedo habría incluido la anécdota en sus desternillantes Gracias y desgracias del ojo del culo.

Una vez extraído y desinfectado, el móvil volvió a las manos de su propietario, quien lo aceptó sin demasiado escrúpulo. Vivir para ver.

Fuente: Boing Boing

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La agrupación americana de editores The Authors Guild acaba de presentar una demanda colectiva contra Google, alegando que su proyecto de digitalización de libros Google Print Project constituye una "vulneración masiva de derechos de autor", como explican los libreros en su nota de prensa.

Nos encontramos ante un interesantísimo caso de intersección entre las leyes clásicas de propiedad intelectual y las nuevas reglas que emergen en la era digital. El ambicioso proyecto de Google potenciará las ventas de libros desconocidos que dormían entre el polvo de las bibliotecas, pero también genera muchas dudas sobre el propio futuro de la edición 'en papel'. Para impedir que los libros pasen a ser las nuevas víctimas de la plaga P2P que asola ya el sector audiovisual, la propia Google dice haberse fijado varias limitaciones: sólo escanea libros que ya pertenecen al dominio público o, cuando están protegidos por derechos de autor, solamente publica extractos y fichas bibliográficas.

A mi entender, el problema nace precisamente por el método que utiliza Google Print para incluir los libros en su programa. La clave está en una de sus respuestas frecuentes:

¿Google Print para bibliotecas incluirá libros protegidos por los derechos de autor?
Sí, a no ser que un editor haya elegido excluir sus obras.

Es decir, que Google escanea y ofrece los libros íntegros por defecto, y solo retira los libros publicados a posteriori, cuando su autor o editor se lo exige. No hay ningún acuerdo previo entre el editor y Google, sino que se trata de una regla unilateral impuesta por el ciberbuscador. Un sistema parecido al que utiliza para su buscador de siempre, pero con la diferencia de que los resultados que arroja el buscador de webs son enlaces y extractos de contenido, no textos completos como ocurre con Google Print.

Por otro lado, parece innegable que el proyecto promueve el progreso de la cultura y el arte al hacer accesibles a escala planetaria miles de libros sobre las áreas más dispares del saber humano. Pero ojo, Google no es una ONG, sino una sociedad mercantil con ánimo de lucro, que pretende obtener con su proyecto importantes ingresos por vía publicitaria. Hoy es Google, pero mañana, de aceptarse su método unilateral, podríamos encontrarnos con multitud de empresas bastante menos cool que se dediquen a digitalizar y publicar, en masa, con ánimo de lucro y sin permiso previo, ejemplares completos de libros protegidos, ofreciéndose, eso sí, a retirarlos después si alguien se ofende.

El hecho de que un proyecto sea positivo para la Humanidad no lo convierte automáticamente en legal. Veremos qué dicen los jueces al respecto.

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La Ley de Godwin (también denominada regla de analogías nazis) no tiene nada que ver con el Derecho, sino con la interacción social en la Red. Propuesta por Mike Godwin en 1990, el curioso precepto establece lo siguiente:

A medida que una discusión en Internet se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis tiende a uno.

La Ley, nacida en el entorno de las charlas en Usenet, resulta igualmente irrefutable en el mundo de las ciberbitácoras. En todo hilo de comentarios sobre algún asunto polémico, acaba apareciendo alguien que establece una comparación con los nazis o con el odioso líder de la Solución Final.

Fijémonos por ejemplo en la reciente polémica sobre los nuevos dominios punto cat. Muchos blogueros han escrito juiciosos artículos ponderando las ventajas y desventajas del nuevo nombre de dominio para el ámbito de la cultura catalana, dando lugar a numerosos comentarios de los lectores. Pues bien, en todos los casos ha aparecido antes o después la consabida comparación con la maldad nacionalsocialista:

- La Tejedora: la comparación aparece por primera vez en el comentario nº 22, como apunta Netito.

- Blog de Antonio Chinchetru: aquí saltó pronto, en el comentario nº 2.

- BandaAncha.st: hacia el nº 10.

- Eduardo Pedreño nos cuenta en DiarioIP el aluvión de insultos paranazis que ha recibido por su último artículo sobre el asunto punto cat.

Antiguamente la comparación con los nazis (salvo cuando la conversación gira expresamente en torno al Holocausto o la Segunda Guerra Mundial) equivalía al fin de la discusión, y quien utilizaba tan pobre técnica de argumentación quedaba inmediatamente considerado perdedor del debate.

Hoy en cambio se hace cada vez más irrebatible el corolario de Millar a la citada ley: Según crece la Red, el número de comparaciones con los nazis no interrumpidas mediante la cita de la ley de Godwin tiende a cero.

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Un restaurante ubicado el nordeste de China, aprovechando su cercanía con la reserva de felinos de Heidaohezi ofrecía en sus menús platos confeccionados con carne de tigre. Cuando la policía detectó la venta - ilegal puesto que el tigre es una especie protegida - y detuvo al dueño del establecimiento, éste alegó en su defensa que no se trataba de tigre, sino de burro marinado en orina de tigre.

Todo un alivio para la hermosa y fiera especie. Pero no tanto para los clientes del restaurante, que no tendrán el estómago como para formular reclamaciones al amparo de la legislación china sobre publicidad falsa, si es que existe tal cosa en el Celeste Imperio. Si lo hicieran, estarían autoinculpándose de un delito ecológico. Así que no les queda otra que tragarse la digestión con ajo y agua.

Actualización: Parece que a este artículo le ha gustado mucho a algún compañero del país vecino, que se ha molestado incluso en traducirlo palabra por palabra al portugués, haciéndolo pasar por suyo y sin citar la fuente. Com licença, eu posso ajudar em alguma coisa mais?

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La venganza, ese apetitoso manjar, sigue a veces caminos insólitos. A un internauta americano enemistado con un antiguo jefe no se le ocurrió otra cosa para fastidiarle que suscribirle a cientos de boletines electrónicos sin su permiso ni conocimiento. El agraviado, al verse su carpeta de correo entrante inundada en poco tiempo por un torrente de mensajes inesperados, tampoco se quedó quieto: denunció al taimado ex-empleado y consiguió que un tribunal le condenase por vejaciones injustas.

¿Ha nacido el retrospam?

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Cómo avanzan los tiempos. Antiguamente, para estudiar un asunto, se organizaba un congreso, se invitaba a los expertos en la materia, éstos discurrían, presentaban ponencias, deliberaban durante un par de días y finalmente se publicaban unas conclusiones. Todo el proceso conllevaba un considerable gasto en desplazamientos, alojamiento y manutención.

Pues bien, se acabó tanto dispendio. Ha nacido el congreso exprés, que viene con sus conclusiones redactadas de antemano, en cómodo formato y con el consiguiente ahorro de farragosos debates. No hace falta ni apuntarse, oiga. Vean si no los objetivos del Seminario de Derechos del Autor y la Autora (sic): camino al Alba (sic): organizado por el gobierno de Venezuela:

"Analizar la situación actual del régimen de derecho de autor vigente y cómo se ha convertido en un instrumento de dominación mediante la monopolización del acceso al conocimiento y de la difusión de la cultura".

Tan solo tengo una crítica. Los organizadores, sin duda con la elogiable intención de desterrar el lenguaje sexista, han incluido los derechos de la autora en la denominación del congreso, pero al hacerlo, han olvidado los derechos del autoro, que podría por tanto sentirse discriminado por razón del género. Podría incluso llegar a interponer una denuncia ante algún policío, y la cosa podría llegar a oídos de algún periodisto, y de ahí a la mesa de algún juezo, que podría llegar a clausurar preventivamente el encuentro, con las consiguientes pérdidas que los economistos tendrían que calcular y los escritoros se encargarían de relatar.

En fin, uno se siente verdaderamente tentado de acudir al evento, o eventa. Los planteamientos del ALBA (Alternativa Bolivariana para América) y su estética tienen algo de regreso a los años setenta que me llena de nostalgia. Se dice incluso que intervendrán los legendarios Boney M, la banda más glamorosa y kitsch del sonido euro-disco setentero. ¿Quién no ha silbado alguna vez levantando las manos al ritmo de los ríos de Babilonia? El rumor proviene de la extraña similitud entre el cartel del ALBA y la carátula de Boonoonoonoos, uno de los discos más recordados del admirado conjunto. Vean, vean...

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Un dictamen legal equivocado, con una extensión de apenas una página, podría costarle al bufete norteamericano Andrews Kurth más de 90 millones de dólares.

Según cuentan en Law.com, cuatro compradores de acciones han demandado al despacho, por haberles asegurado que una venta de títulos por parte de Motient Corp., un proveedor de telefonía inalámbrica, no vulneraba los documentos constitutivos de la sociedad, cuando en realidad la propia escritura de constitución prohibía cualquier venta de ese tipo.

Los abogados habían dado el nihil obstat con su firma garantizando que la operación no tenía problemas legales, y ahora se encuentra con una demanda megamillonaria encima de su mesa. No cuesta mucho imaginar la cara que habrá puesto el representante de su seguro cuando le hayan comentado el, ejem, desliz.

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La historia es conocida. El departamento jurídico de Yahoo España ha enviado a los responsables de la bitácora Genbeta una carta de requerimiento por correo electrónico instándoles a retirar una anotación (tomada de otro sitio) en la que se explicaba cómo burlar ilícitamente el sistema de descarga de vídeos mediante streaming de Yahoo Launch. El requerimiento ha surtido efecto y la anotación ha sido prudencialmente retirada, como reconoce Julio Alonso, promotor del conocido blog. En mi opinión, con muy buen criterio.

Podría pensarse que se trata de una carta destinada a provocar lo que los anglosajones llaman chilling effects, y que podríamos traducir libremente como efectos acongojantes. Otros blogueros (Dans, Almeida, Error500, entre otros) se han apresurado a acusar al mastodonte Yahoo de comportamiento censor y abusivo. Curiosamente, los propios afectados no se han unido a las críticas contra Yahoo.

Hacen muy bien, y han hecho muy bien al retirar la anotación. Pues, ¿qué se supone que debía hacer Yahoo? ¿Quedarse de brazos cruzados ante la potencial vulneración de su propiedad intelectual? Si publico en Internet un hack para saltarme el sistema de descarga de Yahoo, estaré contribuyendo sin duda a poner en circulación un medio específicamente destinado a facilitar la neutralización del dispositivo técnico utilizado por el portal para proteger sus vídeos. La frase en cursiva no es mía: es el texto del artículo 270.3 del Código Penal.

Según el artículo 17 de la LSSICE, Genbeta solo podría eximirse de responsabilidad por sus enlaces a los contenidos ilegales si demostrase que no tiene "conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización". Tendría difícil demostrar que no tiene ese conocimiento efectivo cuando la propia Yahoo le ha comunicado fehacientemente esa ilicitud y perjuicio.

No es un problema pues de libertad de expresión, sino de aplicación de la normativa vigente, sea o no de nuestro gusto.

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Hace poco nos preguntábamos si las zonas de comentarios de las bitácoras son o no espacios inmunes al Derecho. ¿Tiene el bloguero alguna responsabilidad por las injurias o calumnias cometidas por terceros en su zona de comentarios? Pues bien, ya tenemos un pleito en marcha, esta vez en Estados Unidos. La empresa Traffic-Power.com, ha demandado a un joven bloguero, Aaron Wall, por los comentarios difamatorios vertidos por algunos lectores en su bitácora, SEOBook.com.

Veremos dónde para el asunto, aunque me atrevo a pronosticar que en este caso el intrépido bitacorero lo tiene bastante oscuro. Si es cierta la denuncia, no solo permitió alusiones calumniosas de comentaristas anónimos sino que las hizo suyas y además con un ánimo bastante lejano a la candidez y la filantropía: Aaron Wall ofrece en su bitácora un producto que compite directamente con el de la empresa calumniada. Un asunto feo.

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Anuncio a página completa en los principales periódicos de hoy: "La Comunidad de Madrid inicia el movimiento de tierras para la urbanización y edificación de lo que se convertirá en el complejo judicial más grande de Europa: el Campus de la Justicia de Madrid."

Se añade una dirección, www.campusjusticiamadrid.com, cuya programación (véase captura de pantalla) está también, por lo visto, en fase de movimiento de tierras.

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