En una interesante anotación, Blogespierre contrapone los llamados "códigos de autorregulación" en Internet a otro mecanismo que lleva funcionando bastante mejor desde hace algunos siglos: la ley.

"La autorregulación importada del derecho y usos anglosajones es útil en ausencia de derecho positivo, pero debe ceder ante la respuesta del legislador a los problemas del comercio electrónico y la protección de los derechos de los internautas; ante la LEY como máximo garante de los derechos y libertades."

Los códigos de conducta, los sellos de garantía o de calidad sirven para eso, pero para nada más. Informan al usuario de que su portador ha superado unos determinados controles de seguridad, estructura, transparencia, etc., homologados por una tercera parte de reconocido prestigio. Son una especie de tabiques de mampostería, que aguantan cierto peso, pero no sustituyen a ley, que es el forjado sobre el que se apoya el resto, el único instrumento que de verdad otorga seguridad, confianza y verosimilitud.

El problema es que en esto de Internet hay ya demasiadas leyes. Como decía Napoleón, hay tantas leyes que nadie está seguro de no ser colgado. La alocada motorización legislativa que sufrimos impide cualquier atisbo de seguridad jurídica. El Derecho se ha convertido en una jungla de siglas tan espesa (L.S.S.I.C.E., L.O.P.D., L.P.I.) que, como en el poema de Dámaso Alonso, dan ganas de gritar ¡S.O.S., SO.S., S.O.S.! Y cuando falla la ley, como cuando falla la luz, alguien enciende el mechero de la autorregulación a falta de algo mejor.

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Dicen que en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. En todo caso, nos sienta mejor que una torrija de Semana Santa llegar cada año (este no es el primero, ni el segundo) a la final de los premios de la Asociación de Usuarios de Internet, en la categoría de 'Empresa española que mejor haya integrado Internet en su desarrollo estratégico'.

Para votar por nuestra candidatura, no hay más que pulsar el botoncito antes del 4/04/05. Muchas gracias.

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Un interesante artículo del New York Times (gratuito, previo registro soslayable mediante la extensión BugMeNot para Firefox) cuenta cómo los bandoleros informáticos se están pasando al Wi-Fi para cometer sus delitos: sustracción de datos, estafas, intercambio de material pedófilo, etc. Cuando el infractor opera a través de una red Wi-Fi, la policía puede seguirle el rastro hasta la dirección IP numérica correspondiente a esa conexión. Pero a partir de ahí la pista se pierde, en caso de que la red sea pública - de algún ayuntamiento o comunidad - o bien conduce hasta el inocente propietario de una red local casera o al dueño del cibercafé de la esquina. Y al delincuente inalámbrico, échale un galgo.

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En muchos regímenes totalitarios que prohíben o censuran la Red, el acceso a los cibersitios prohibidos es ahora un artículo del mercado negro, o en términos más castizos, de estraperlo. Organizaciones como la Iniciativa OpenNet denuncian situaciones de censura y nos recuerdan que en dictaduras como la cubana, los propios funcionarios gubernamentales venden bajo cuerda contraseñas y cuentas de Internet por unos treinta dólares al mes.

Este contrabando de banda ancha (al que Kate Palmer se refiere ingeniosamente como contrabandwith en un ameno artículo en Foreign Policy, vía Slashdot) recuerda mucho al estraperlo al que tantos españoles de la posguerra debieron su supervivencia. Un producto prohibido o hiperregulado genera automáticamente un mercado paralelo impulsado por los más espabilados o simples aprovechados. Por cierto, que la palabra estraperlo tiene unos curiosos padres: los industriales holandeses Strauss y Perle que en el bienio conservador sobornaron al hijo adoptivo de Lerroux para conseguir que un aparato de juego de su invención fuese autorizado oficialmente en los casinos.

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Recurso de un automovilista francés denunciado por circular a a 250 km/h en una vía limitada a 70. Sin duda apócrifo, pero de lo más imaginativo.

"Señor Juez, he visto perfectamente la señal de "70", en negro con círculo rojo, sobre el panel de tráfico, sin ninguna otra indicación de unidades (métricas). Usted sabe que la Ley del 4 de Julio de 1.837 establece como obligatorio el sistema métrico en Francia, y que el decreto nº 65-501 de 3 de Mayo de 1.961 modificado (tomado en aplicación de las directivas europeas), define como UNIDADES DE BASE LEGAL, las unidades del sistema (métrico) internacional.(SI)

Usted puede verificar todo esto en la web del gobierno: por lo que en el SI , la unidad de longitud es el METRO, y la unidad de tiempo es el SEGUNDO. Es pues evidente, que la unidad de velocidad LEGAL es en consecuencia el METRO POR SEGUNDO. No puedo ni imaginar por un momento, que el Ministerio del Interior no esté aplicando las leyes de la República.

Por tanto, 70 metros por segundo corresponderían exactamente a 252 Km/h. La Policía afirma que he sido cronometrado a una velocidad de 250 Km/h, esto no lo pongo en duda. Me encontraba pues 2 Km/h por debajo del límite autorizado. Le agradezco tome usted buena nota de ello, devuélvanme mi permiso de conducción y déjenme partir. "

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Decía Pitágoras que el principio es la mitad del todo, y con el mismo optimismo con que inauguramos en su momento esta bitácora, publicamos hoy el primer (salvo error u omisión) podcast jurídico de la red hispana.

Sin más preámbulo, helo aquí:




Se trata de un archivo de sonido MP3 de unos 4 minutos de duración en el que abordo la diferencia entre dos delitos que, aunque lo parezca, no son lo mismo. Está grabado con Audacity y etiquetado con EasyPodcast, dos magníficos programas de software libre, y las piezas musicales que se escuchan de fondo son:

• One Two Three, de Sharp, bajo licencia de muestreo ('Sampling Plus') de Creative Commons, cortesía de CCmixter.org.


• Sintonía de la recordadísima serie televisiva «Alfred Hitchcock presenta» (1955), cortesía de JamSession.

No deja de ser un experimento, que veremos hacia dónde va. Para escuchar futuras emisiones, de aún ignota periodicidad, el lector (ahora oyente) no tiene más que volver por aquí de vez en cuando, o dejar que le avise automáticamente su sabueso olfateador de feeds sonoros, dándole previamente a oler nuestro hueso xml.

Actualización: corregido el enlace al podcast. Un error de novicio. Gracias, Jam.

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Para ejercer la libertad de expresión en su sentido más literal ya no hace falta comprarse un megáfono. El podcasting, según nos cuentan en La Coctelera, consiste básicamente en compartir contenidos mediante archivos de audio distribuibles a través de sistemas de sindicación RSS y que finalmente el usuario puede descargar en un reproductor MP3, llevárselo consigo y escucharlo en cualquier momento del día sin necesidad de estar conectado.

Se trata de un invento tecnológicamente modesto pero de alcance tan profundo como imprevisible, pues permite que cualquier lego en materia radiofónica edite y publique sus propias acotaciones sonoras (resúmenes periodísticos, anotaciones en bitácoras, poemas, disertaciones filosóficas, sermones políticos o simple charlatanería) sin intermediarios. El podcaster - así es como se llama a este nuevo híbrido entre redactor y locutor digital - es un comentarista digital con voz, un trasunto de pinchadiscos y declamador de la célebre esquina londinense, que larga sus cuitas a quien quiera escucharlas, que bien puede ser él mismo.

Una subespecie de este nuevo género sería el plawdcaster. Este espeluznante neoanglicismo, resultado de añadir podcaster (que es a su vez una contracción entre iPod, el popular reproductor musical, y broadcasting, difusión) a law (ley, derecho), pretende definir a los profesores, abogados y demás gentes del Derecho que están explorando este nuevo medio. El debutante más sonado - nunca mejor dicho - ha sido el maestro Lessig, quien a petición de la revista Wired diserta en un archivo MP3 (3,1 MB) sobre polémicas inalámbricas, con voz acatarrada pero convincente.

Las posibilidades para los abogados son dignas de explorar. Siempre se ha dicho que la principal herramienta laboral del oficio de letrado es la palabra. El podcasting puede servir para el intercambio y ensayo de informes en juicios, intervenciones en reuniones o congresos, disertaciones jurídicas, comentarios sobre asuntos, mensajes para clientes y colaboradores, o cualquier otro contenido presidido por la voz.

Un contenido que ni mejora ni empeora por razón del continente. Ya lo dice el socorrido proverbio hindú: 'Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio.'

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Shakespeare pone la siguiente frase en boca de un allegado a Enrique VI al llegar al trono, toda una declaración de intenciones: «La primera cosa que haremos será matar a todos los abogados.» Contrariamente a lo que se suele pensar, el inmortal dramaturgo no pretendía denigrar con el famoso exabrupto al oficio de la toga, sino más bien todo lo contrario: dejar claro que la forma más segura para llegar al caos y la tiranía era, también entonces, eliminar a los guardianes del pensamiento independiente.

Los abogados compartimos mala fama con los médicos desde tiempos remotos. Un paseo por las letras nos deja bastante malparados, de modo que ahorraré al apresurado lector la cita de siquiera un uno por ciento de los chistes, puyas y reconvenciones que la literatura universal nos ha deparado a lo largo de los siglos. El corporativismo que me embarga los domingos me obliga a citar, en cambio, un emocionante texto del año 529 que nos recuerda Pedro Cotrina. Se trata de la Ley XIV del Código de Justiniano:

"Los abogados, que aclaran los hechos ambiguos de las causas, y que por los esfuerzos de su defensa en asuntos públicos y privados levantan las causas caídas, y reparan las quebrantadas, son provechosos al género humano no menos que si en batallas y recibiendo heridas salvasen a su patria y a sus ascendientes. Pues no creemos que en nuestro imperio militen únicamente los que combaten con espadas, escudos y corazas, sino también los abogados; porque militan los patronos de causas, que confiados en la fuerza de su gloriosa palabra defienden la esperanza, la vida y la descendencia de los que sufren".

En el debate televisivo de hace unos días, David Bravo hizo lo que se espera de un abogado, tenga o no razón en la causa que defiende: levantó con tino la causa caída de los usuarios del P2P ante sus oponentes armados de espadas, escudos y corazas legales.

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Además de Estados Unidos, en el mundo aún quedan 90 países que siguen aplicando la pena de muerte. Algunos de ellos como China, Egipto, India o Cuba que la mantienen para delitos comunes. O incluso en Arabia Saudí donde la homosexualidad puede llegar a pagarse con la vida.

Otro es Filipinas. Un ciudadano hispano-filipino, Paco Larrañaga, está condenado a muerte en la antigua colonia española. Su asunto está pendiente de la última y definitiva decisión del Tribunal Supremo filipino: o éste acepta su apelación solicitando la revisión del caso y un juicio justo o confirma la sentencia de muerte.

Los Colegios de Abogados de Barcelona, Bilbao y Madrid, así como la institución británica Fair Trials Abroad, tras estudiar el caso coinciden en afirmar que el juicio que sentenció a Paco carecía de las mínimas garantías que la comunidad internacional exige a un proceso justo. Por eso han emitido diversos informes en calidad de amicus curiae (amigos del tribunal), dirigidos al Tribunal Supremo de Filipinas, donde se señalan diversas irregularidades procesales y probatorias que pueden llevar a la ejecución de Larrañaga.

Desde julio de 2004, las cuatro entidades, y los amigos y familiares de Larrañaga, están intentando que el Tribunal Supremo de Filipinas acepte estos Amicus Curiae y ponga en marcha la revisión del asunto. Hay en marcha una campaña bastante activa al respecto, con recogida de firmas. Todo en Pacolarranaga.com.

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Sugerencias y colaboraciones:  Si desea enviar alguna noticia, anécdota jurídica o artículo o ejercer como 'columnista' de esta bitácora, escríbanos a través de nuestra página de contacto (a la atención de Javier Muñoz). Para enviarnos direcciones de Internet también puede utilizar la etiqueta for:iabogado en del.icio.us.