Un abogado californiano se apunta a un cibergestor de citas con la idea de encontrar pareja por Internet. Al poco, recibe un correo de eHarmony, que así se llama la Celestina virtual, rechazando su petición a tenor de su política de 'prohibición de casados', por otra parte bastante generalizada en este tipo de webs.

Nuestro hombre, que estaba efectivamente casado, aunque en trámites de divorcio, se enfada y demanda a eHarmony por comportamiento discriminatorio por razón del estado civil. Exige además una indemnización de 12.000 dólares del ala.

Esto de la discriminación, unido a la idiocia de lo políticamente correcto, da lugar a los pleitos más pintorescos. Si me echan del bingo por ir colocao, demando al establecimiento por discriminación contra los 'etílicamente activos'; si me impiden la entrada en el Museo del Prado por ir desnudo, demando a la pinacoteca por discriminación contra los naturistas; y así, ad nauseam...

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Más de 47.000 internautas han elegido amor como la palabra más bella de la lengua castellana. La iniciativa es un sublime ejemplo de mercadotecnia 'de guerrilla': con pocos recursos y mucha habilidad, la Escuela de Escritores ha obtenido una cobertura espectacular en Internet, televisión y radios. Dejando los aspectos marquetinianos para los expertos, propongo vampirizar la idea, si bien trasladada al mundo del Derecho.

¿Cuál es la palabra o expresión más curiosa, singular o extravagante, ya sea por su belleza o por su fealdad, del lenguaje jurídico? Ahí van unas cuantas: putativo, comoriencia, enfiteusis, comodato, tácita reconducción, fungible, careo, traslaticio, bienes mostrencos, ológrafo, fedatario, vis atractiva, litisconsorcio, parafernales, citación de remate, fideicomiso, dicente, preterintencionalidad, justiprecio, fehaciente, nudo propietario, quita y espera, resaca, dolo y codicilo.

El lector queda invitado a dejar sus sugerencias, candidaturas y adhesiones en los comentarios. No valen los nombres propios ni los latinajos.

Actualización 22 mayo: Algún duende informático impide que se publiquen los comentarios. En cuanto lo encuentre, lo decapito. Mis excusas.

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Ya hemos hablado aquí sobre la extraña relación entre los abogados y los productos eléctricos. La anécdota siguiente abunda sobre el asunto.

Hace un par de años atendimos a una cliente que se enfrentaba a un juicio penal bastante peliagudo. Una vez prestados nuestros servicios, le enviamos la factura correspondiente indicándole un número de cuenta bancaria donde podía ingresar el importe de nuestros (merecidos) honorarios.

Olvidado el asunto, me encuentro de nuevo con su nombre, de la forma más inesperada: en los recibos de luz de nuestro despacho. La muy ladina había domiciliado sus cargos de consumo eléctrico en nuestra cuenta bancaria, de modo que, desde hace veinticuatro meses venimos pagándole la electricidad de su vivienda. Ni la compañía eléctrica, ni nuestro banco, ni nuestro torpe responsable de control interno (un servidor) han conseguido detectar el sablazo en todo este tiempo.

Afortunadamente hemos conseguido recuperar el dinero, no sin algún sofoco. En todo caso, ahí queda la innovación. Somos el primer despacho de abogados que, además de asistirte en tus cuitas judiciales, te paga la luz de casa. ¿Alguien da más?

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El cambio de oficina, sumado a una repentina acumulación de trabajo, la dificultad de compaginar un proyecto de perfil emprendedor con un 'posteo' regular de mínima calidad, junto con cierta dosis de apatía sobrevenida, han llenado a esta bitácora de telarañas. Prometo volver en breve para, al menos, pasar el mocho y dejar esto presentable...

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¿Cúal es la naturaleza jurídica de las bitácoras? ¿Qué labor tienen como instrumento al servicio de la administración electrónica y la sociedad civil?

Las respuestas, en el I Congreso Iberoamericano "Bitácoras y Derecho" que está organizando el infatigable Blogespierre para a los próximos 4, 5, 6 de junio en Zaragoza, y al que ha tenido la amabilidad de invitarme.

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Para no ser menos, en iAbogado.com también tenemos un PDM, una de cuyas fases clave consiste en mudarnos a una oficina más grande. Desde hace unos días, nuestra sede a escala local, nacional, internacional, y por qué no decirlo, interplanetaria, está en la C/ Mesena, 33, en el madrileño barrio de Arturo Soria.

El lío de la mudanza me ha tenido alejado de este blog, que prometo retomar con el brío de antaño en cuanto esté todo colocado y encuentre mi monitor...

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Cuando el intervencionismo estatal se junta con la chabacanería, el dirigismo se mezcla con el mal gusto, el paternalismo se alía con el despilfarro, y el desprecio a la juventud se suma con el desprecio al idioma, sale un engendro que ha costado 140.000 eurazos y se llama KeliFinder. Sencillamente estupefaciente.

(Más críticas en Escolar, La Cosa Húmeda, Javi Moya y muchos más.)

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El short selling es una estrategia bursátil que trata de aprovecharse de una posible caída en el precio de un determinado valor. La técnica es la siguiente: tomas acciones en préstamo a través de un intermediario financiero, las vendes, y utilizas el dinero proveniente de la venta como garantía del préstamo hasta que caiga el precio de la acción. Si esto ocurre, compras de nuevo las acciones a un precio inferior utilizando la garantía, y devuelves las acciones que tomaste prestadas a tu intermediario (más los intereses y corretajes correspondientes).

Pero tan ingeniosa técnica se convierte en algo más sórdido cuando la protagoniza un despacho de abogados que demanda a una gran empresa con la intención de que el mero anuncio del pleito haga caer el precio de sus acciones. Al margen del aspecto deontológico, cabe preguntarse si estamos ante un caso de uso de información privilegiada. No parece, puesto que el despacho litigante no cuenta con datos secretos internos que utilice torticeramente, sino que juega con el propio efecto acongojante de sus actuaciones profesionales. Más en PointofLaw.com.

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Y si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. El despacho Alza ha anunciado que recurrirá contra algunos preceptos de la Ley Antitabaco, concretamente la división de los locales de hostelería en zonas de fumadores y de no fumadores. Pero lo más llamativo es la ultramarquetiniana forma de promover sus servicios.

Tan convencidos están los abogados de ganar el pleito que se han ofrecido a asumir el pago de las sanciones que se puedan imponer a sus clientes que se unan al recurso contencioso-administrativo e incumplan la obligación legal de dividir sus establecimientos con tabiques o mamparas.

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Para los abogados que facturan por horas, qué mejor regalo que un reloj que mide el tiempo en fracciones de seis minutos. (Vía Seth Godin).

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¿Por qué se escribió y se eliminó posteriormente este artículo? Me da en la nariz que por esto.

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La imaginación de algunos litigantes es encomiable. Ya hemos comentado por aquí unos cuantos casos judiciales pintorescos sucedidos allende nuestras fronteras. Pero a los sufridos juzgados españoles también llegan docenas de demandas formuladas por los miembros de la franja lunática. El sujeto arquetípico es el ultrademandante, un tipo malhumorado que pulula por los pasillos cargado de cartapacios y al que los abogados y los funcionarios tememos por igual. Demanda por todo y contra todo, a su comunidad de vecinos, a la compañía eléctrica, al alcalde, al obispo, al juez que le rechaza las demandas y hasta a su propia sombra.

Javier Prenafeta nos da un buen ejemplo en los comentarios a uno de sus artículos:

"Demanda de responsabilidad civil contra el Presidente del Gobierno, interpuesta por un ciudadano que se considera ofendido por la felicitación que envió aquél a la Casa Real con motivo del nacimiento de la infanta Leonor, en su nombre y en el de 'todos' los españoles. El ciudadano español solicita al Presidente rectifique sus declaraciones, excluyéndole a él y a su familia, dado que no es su deseo felicitar a 'torturadores' (véase Auto de inadmisión del Tribunal Supremo (pdf))."

Luego nos quejamos del colapso de la Justicia. Seguro que el lector conoce algún caso de este tipo, que le agradeceré que nos cuente - sin citar nombres - en los comentarios...

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Hace unos meses nos preguntábamos al hilo del caso Google vs. Perfect 10 cuándo un servicio de búsqueda se convierte en auténtica intermediación, agencia o mandato. Según Internetnews.com, la balanza se está inclinando a favor de Perfect 10, ya que el juez ha emitido una resolución preliminar reconociendo que la creación y exhibición por Google Images de copias a tamaño reducido (thumbnails) infringe los derechos de propiedad intelectual de Perfect 10 y no puede ampararse en el derecho de cita pues existe un claro lucro y ánimo comercial.

Además, los thumbnails de Google Images tienen prácticamente el mismo tamaño y calidad que las fotografías que Perfect 10 comercializa para teléfonos móviles. La cosa tiene miga: ¿cabe imaginar un servicio de búsqueda de imágenes que no muestre imágenes?

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Ya comentamos en su día la sentencia que condenaba a la Asociación de Internautas por los insultos publicados en la web putasgae.org y reproducidos como un espejo en los servidores de dicha entidad. Pues bien, los demandantes (SGAE y Eduardo Bautista) han ganado también el pleito en segunda instancia.

Según parece, la clave de la nueva sentencia es que quien presta un servicio de alojamiento web "ha de controlar lo que se publica en sus páginas, porque puede y debe impedir que se publiquen contenidos ilícitos". Según Sánchez Almeida y Pedro J. Canut este argumento vulnera la "Ley de Internet" española y la directiva comunitaria aplicable, que eximen de responsabilidad a los proveedores de servicios de hospedaje web por los contenidos ilícitos de sus clientes.

En mi opinión, esta crítica soslaya la excepción a la exención, es decir, que los proveedores sí responden cuando tienen conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita.

Según los hechos probados, la AI actuaba de mirror de los contenidos de los autores injuriantes. Por tanto, la AI no se limitaba al papel de mero proveedor de hospedaje, sino que publicó desde sus servidores un espejo, una copia exacta de otro sitio web. Quien hace esto, entiendo, persigue el evidente objetivo de servir de fuente adicional de sus contenidos, y de alguna manera unirse a ellos y hacerlos suyos. Una conducta, por tanto, muy poco neutral, que los jueces no han pasado por alto.

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Un astuto estafador japonés acaba de birlar un buen porrón de yenes a un grupo de empresarios de su país a quienes había convencido para comprar unos rarísimos billetes de a millón de dólares provenientes de una supuesta serie especial de 1928. La superchería debió ser tan convincente, y el ánimo de forrarse el riñón tan grande, que los primos ni siquiera se molestaron en comprobar que el valor más grande del billete verde nunca pasó de 100.000.

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